EL (MAL) EJEMPLO DE ESPAÑA
Cuando se produjo la crisis financiera mundial de 2008 y la consecuente depresión económica, muchos advirtieron, algunos por enésima vez, que el modelo económico global que habíamos desarrollado adolece de importantes fallos estructurales. Históricamente concebido y diseñado desde la óptica de los pudientes y poderosos, y sustentado con leyes creadas para su beneficio, el modelo sirvió a los bancos e inversores que con sus malos manejos fueron responsables de la burbuja hipotecaria que condujo al desplome de las bolsas y de los créditos en todo el mundo, para salir airosos del descalabro financiero que ellos mismos habían provocado. Y lo consiguieron en casi todas partes. Fueron poquísimos y excepcionales los casos en que se enjuició a responsables bancarios por el desplome mundial de la economía, mientras que las multas impuestas a los bancos fueron, y siguen siendo, ampliamente compensadas por las ganancias obtenidas de sus operaciones fraudulentas.[1] En España, durante los años siguientes, los grupos financieros utilizaron su poder e influencia para que el gobierno aprobara medidas que otorgaran liquidez a los bancos y se continuaran los créditos que sostenían a las grandes empresas a costa de suprimir derechos laborales y sociales, facilitar los despidos y aumentar los impuestos a la población. Las cifras de desempleo, ya altas, llegaron a cotas nunca antes vistas, y el gobierno permitió que los bancos desahuciaran a quienes no podían pagar su hipoteca —al amparo de una ley promulgada hacía más de cien años— mientras inyectaba a esos mismos bancos enormes sumas de dinero que, al final, pagaban los contribuyentes. Ante el descontento social, se emitieron leyes para reprimir las protestas.
Ya en el siglo XVIII, Kant había advertido que los hombres tienen tendencia a utilizar la institución del derecho para su propio beneficio. De ahí que una función fundamental de las leyes, como antes había señalado Locke, deba ser la de proteger los derechos de los más vulnerables frente al abuso de los poderosos…, incluido el propio Estado. Difícil tarea, ya que el Estado es a la vez legislador, administrador y garante del orden jurídico. Y si bien en los Estados democráticos estos poderes se hayan en teoría separados, en la práctica un partido político con mayoría absoluta en los órganos legislativo y ejecutivo puede llegar a ejercer un poder casi omnímodo. Así, la ética termina cediendo ante la legalidad, y la equidad ante los intereses. Quitarle a los que tienen menos para darle a los que tienen más es gestionar el desequilibrio desequilibrando aún más la balanza. Como consecuencia, de una parte ha aumentado la concentración de la riqueza en unas pocas manos, y de la otra han aumentado la pobreza y la exclusión social. Hoy, un escaso 0,4% de la población del país aglutina casi la mitad del producto interno bruto español. Las medidas dictadas por la ignorancia, falta de previsión y estrechez de miras de quienes parecen pensar que más valen malas prácticas conocidas que buenas por conocer, restauraron los índices macroeconómicos al costo de desatender proyectos sociales y de desmesurados recortes en los fondos destinados a la educación, la investigación, la sanidad y la atención a las personas dependientes…, que ahora han resultado ser una parte considerable de la población de riesgo ante el coronavirus. En particular, la debilidad en la que quedaron los servicios de salud tras las políticas aplicadas para superar la crisis económica ha sido desastrosa para España, que ha resultado, a su vez, uno de los países más afectados por la actual pandemia. Y es que todo se relaciona.
[1] Véase el libro de Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de EE.UU., The Courage to Act, Norton & Co., New York/London, 2015.
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