TRES ERRORES CONCEPTUALES...

... SOBRE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

 

La democracia está lejos de ser la forma de gobierno perfecta. El problema es que las demás se alejan aún más ―muchas de ellas indeciblemente más― del ideal de perfección. Churchill lo dijo alguna vez con una expresión más elaborada, que la llamada sabiduría popular ha resumido en la lapidaria frase «la democracia es la menos mala de las formas de gobierno», con la que a menudo se pretende zanjar cualquier discusión sobre el tema. Es triste que la mayoría de la gente que vive en sistemas democráticos se conforme con tan poco.

 

Y digo «sistemas democráticos» no en referencia a diversos países, sino a diversos sistemas, porque la idea de democracia no es unívoca, sino que abarca una multitud de variantes, que evidencian tanto la evolución del concepto como su posibilidad de mejora, contrariamente a la concepción estática y obsoleta de muchos políticos actuales. El «gobierno del pueblo» (tal es la conocida etimología del término), como lo concibieron sus reconocidos creadores de la Grecia del siglo V a.C., era todavía un siglo más tarde, en la caracterización que hace Aristóteles de las formas de gobierno, más bien lo que hoy calificaríamos como una oligarquía jerárquica, basada en parte en los niveles de renta, de los ciudadanos atenienses, concepto este que excluía a las mujeres y los niños, así como a los extranjeros y, notablemente, a los esclavos, que eran la fuerza de trabajo (legal) de la época. Hoy difícilmente llamaríamos democrático a un sistema semejante. Es obvio que el concepto ha evolucionado, mostrando en su desarrollo histórico una gran variedad de enfoques estructurales, territoriales, jurídicos, socioeconómicos… Desde regímenes capitalistas a socialistas; república, monarquía o sucesión; federalismo, centralidad o autonomía; constitucionalismo, derecho común o legislatura; presidencialismo o parlamentarismo; alternancia o reelección…, todas pueden ser, o pretenden ser, formas de democracia. Dado el prestigio de que goza el término en las masas de las sociedades modernas, más deslumbradas por su escueta formulación etimológica que conocedoras de su significado, incluso gobiernos manifiestamente represivos han llegado a utilizarlo en un fallido intento de autolegitimación, como el de la extinta República Democrática Alemana, o bien como un atrayente lema, o acaso proyecto de legitimidad, como en la convulsionada e inestable, desde sus inicios, República Democrática del Congo.  

 

 Las instituciones humanas ―y el gobierno es, notablemente, una de ellas― son casi siempre mejorables. Para quienes ven la democracia como una etapa hacia la construcción de una sociedad más justa, equilibrada y humana, los fallos de los varios modelos de democracia son muchas veces evidentes.

 

De todos los aspectos de la democracia susceptibles de mejora, me referiré aquí a tres errores de concepto respecto a su gobernabilidad, esto es, las condiciones que posibilitan o contribuyen a un ejercicio eficaz del gobierno en democracia. Errores en los que incurren con demasiada frecuencia los políticos de todo signo, por una parte anclados en un pobre concepto de la democracia y, por otro, motivados más por ambiciones personales o partidistas que por un auténtico sentido de su función como servidores públicos.      

 

1. El primero de esos errores concierne a la forma de votación por listas, según la cual el gobierno de «la lista más votada» es el que mejor representa la voluntad de los electores y, por tanto, el más legítimo en un sistema democrático.

 

En primer lugar, la votación por listas de partidos, sobre todo si son cerradas, no es precisamente un ideal de democracia, ya que obliga al votante a aceptar a todos los sujetos de la lista si desea que solo algunos de los que se proponen como candidatos a los puestos legislativos o ejecutivos lleguen al gobierno. Más democrática es la presentación de listas abiertas, donde los votantes pueden seleccionar individualmente a sus representantes. Esto, a su vez, asigna una mayor responsabilidad a los candidatos electos, que se saben escogidos por quienes son o prometen ser en el terreno político, y no inevitablemente por formar parte del grupo al que se han afiliado.

La «lista más votada» es, de hecho, el concepto más primitivo, e incluso falso, de la democracia, ya que basta con que haya más de dos listas para que la más votada pueda serlo con solo un voto por encima del 33%, en cuyo caso dicha lista no representará a dos tercios de la población (obvia matemática elemental, que los políticos deberían conocer y, sobre todo, reconocer). Si hay más de tres listas, como suele suceder, la suma de todas las demás puede llegar a representar tres cuartas partes del total de votos o aún más, superando ampliamente a la lista más votada, que representa, por tanto, a una clara minoría de votantes.

 

Para evitar que esta forma de votación pueda desembocar fácilmente en el gobierno de una minoría, se han ideado varios procedimientos. La «segunda vuelta», o segunda votación, restringida a las dos listas que hayan obtenido el mayor número de votos (o a los dos candidatos si es una lista unipersonal, como en el caso de elecciones presidenciales), asegura que la lista finalmente electa cuente, al menos en segunda opción, con el respaldo de la mayoría del total de los votantes. Esto se hace en algunos sistemas presidencialistas, como el francés, así llamados porque el presidente puede ejercer en forma directa algunas prerrogativas que en otros sistemas corresponde, por ejemplo, a los cuerpos legislativos. La legislación estadounidense, por citar otro caso, contempla un sistema complejo de elección indirecta, que pasa por diversos estadios de distinta ponderación. 

 

Otra opción, más propia de los sistemas parlamentarios, como el español, es la que confiere la responsabilidad de elegir el presidente o, en otros países, el cuerpo de gobierno, a los parlamentarios que hayan obtenido representación a través del voto. La lista más votada parte con una mayor representación directa frente a cada uno de los demás grupos, por lo que suele corresponderle, en principio, iniciar la tarea de formar gobierno. Asignando una mayoría, que puede ser simple o calificada, al resultado de la elección parlamentaria, los acuerdos y pactos que se establezcan entre los grupos aseguran que el gobernante finalmente electo represente a una mayoría de los votantes, que será previsiblemente mayor ―y, por tanto, resultará en un gobierno más legítimo― que la representación obtenida por la lista más votada.

 

Quienes hablan de legitimidad deberían tener presente que en un sistema democrático el grado de legitimidad es obviamente mayor cuanto más amplia, diversa e inclusiva es la representatividad del cuerpo gobernante.    

 

2. El segundo error es suponer que el gobierno «en solitario» del partido ganador de las elecciones es la forma mejor y más eficaz de gobernar.

 

Dada la dificultad que pueden presentar los pactos de gobierno, por los que el grupo gobernante no podrá hacer en su mandato todo lo que desea o bien no hacerlo exactamente del modo que desea, los partidos políticos, tanto en los sistemas presidencialistas como parlamentarios, aspiran a obtener el voto masivo de los electores, que les dé directamente la mayoría parlamentaria para poder gobernar sin los obstáculos que pueda significar la oposición.  

 

Este objetivo, que suelen compartir todos los partidos y los políticos que se autodenominan demócratas, es, contrariamente a lo que ellos pretenden, lo más opuesto a la democracia, ya que es lo que más se asemeja a una dictadura de partido único. Frente a una mayoría avasallante es poco, y a veces nada, lo que puede hacer una oposición cuyos votos parlamentarios no suman lo suficiente para ser tomados legalmente en cuenta. Con ello se corre el riesgo de perder el control sobre la acción de gobierno, que podría actuar sin freno al margen de toda opinión o criterio que no fuera el suyo.

 

Para evitar que esto suceda, un intento es suprimir la llamada «disciplina partidista», de modo que cada parlamentario tenga libertad de votación frente a las propuestas presentadas, independientemente del partido al que pertenezca. Los debates tendrán en tal caso un efecto más directo sobre las conciencias de los parlamentarios, que pueden aceptar o rechazar cualquier propuesta, incluidas las de su propio grupo; lo que, en teoría, permite frenar más fácilmente las propuestas que obedezcan simplemente a determinados intereses partidistas.

 

Un modo más eficaz de evitar lo que podríamos llamar la dictadura del grupo gobernante ―por desgracia demasiado común en los sistemas democráticos modernos― es mediante la aprobación de leyes que impidan la formación de mayorías absolutas detentadas por un solo grupo o partido. Esto podría hacerse al menos de dos maneras: restringiendo la representación parlamentaria máxima de los partidos, digamos por ejemplo a un 49%, cualquiera que sea la votación obtenida por encima de ese límite, de modo que los partidos mayoritarios se vean obligados a pactar con otros para obtener la mayoría absoluta, que sería en tal caso más diversa y, por tanto, más representativa del conjunto de la población; o bien estableciendo como requisito para la formación de gobierno la obtención de una mayoría cualificada entre los distintos grupos de representantes (lo que, por otra parte, ya se hace en algunos sistemas para aprobar determinadas leyes o acciones consideradas especialmente relevantes).

 

Evitar por principio que cualquier grupo pueda ejercer un gobierno «en solitario» al margen de los demás grupos parlamentarios contribuiría, contrariamente a la prédica y a los intereses particulares de la mayoría de los partidos políticos, a una mayor representatividad y a un mejor control de las actuaciones del gobierno.                    

 

3. El tercer error al que me refiero es pensar que tener que recurrir a pactos con otros grupos parlamentarios para cumplir sus funciones es una muestra de la «debilidad» de un gobierno.

 

Justamente es todo lo contrario. Quienes así sostienen demuestran tener una idea muy primitiva, y diríase que peligrosa, de la acción de gobierno, más basada en la fuerza del poder que en la negociación y, por tanto, más propia de sistemas represivos. Bajo ese prisma, que aún comparten en nuestros días de «auge de las democracias» algunos nostálgicos de los regímenes «fuertes» del pasado, la democracia sería la más débil de las formas de gobierno. Pero es un prisma obsoleto y desgastado por la historia. Por supuesto que en una sociedad plural los acuerdos no son fáciles de alcanzar. Pero son la única forma racional de convivencia. Negarse a pactar en principio con quienes piensan de otro modo es ignorar el pluralismo de la sociedad que se pretende representar. Toda decisión de gobierno que no tenga opción de discusión, réplica o modificación, por aceptable que pueda ser para algunos, tarde o temprano será rechazada por aquellos para quienes representa una imposición. En cambio, los acuerdos derivados de una voluntad compartida tienden a mantenerse.

 

La fortaleza de la democracia, menos llamativa pero más firme y perdurable que la de cualquier régimen «fuerte», no reside en el ejercicio incontestable del poder sino en la capacidad de diálogo y de negociación entre las partes.  

 

No es de extrañar que un concepto en principio tan abstracto como «el gobierno del pueblo» adopte formas tan variadas en sus intentos de realización práctica. Pero cualquiera que sea la forma de participación elegida, asamblea, referéndum, representación directa o indirecta, o alguna combinación de estas o alguna otra, es evidente que un gobierno será más democrático cuanto más multifacética e incluyente sea su estructura gubernativa, como reflejo de la multifacética y variada complejidad de la población.      

Los errores señalados se apartan de esta inclusividad de manera tan obvia que es difícil entender que haya políticos que los sostengan. Aunque hay que reconocer que lo hacen cuando ello conviene a los intereses de su partido o a los suyos propios; cuando no, están prestos, en esto y en muchas otras cosas, a asumir la posición contraria. Peor es que, en ambos casos, intenten con su prédica captar adherentes entre los votantes sin que les importe, al parecer, su coherencia personal (no hablemos ya de la validez de su argumento), lo que tiene un indudable efecto sobre su credibilidad para quienes se tomen la molestia de analizar su discurso ―supongo que, en su experiencia, tan pocas personas que, en definitiva, obtienen entre la masa del pueblo rédito suficiente que sumar para sus intereses y los de su base de votantes incondicionales (cuyas motivaciones serían objeto de otro análisis). En resumen, solo caben dos razones por las que alguien podría incurrir en errores tan crasos: ignorancia o mala fe. Lo que no excluye una tercera: ignorancia y mala fe.       

 

 [Imágenes, de arriba abajo, cortesía de garten-gg, Clker-Free, Ángel Turrado, Pedro Suárez. Comunidad Pixabay.]