lunes, 27 de noviembre de 2017

Cómo la mentira iguala bandos opuestos


LA POLÍTICA Y LA MENTIRA

La mentira tiene una característica odiosa para quien la practica: como es contraria a los hechos, la simple observación permite evidenciarla.

Pero esa posibilidad de falsación por la experiencia, que exige un mínimo de racionalidad por parte de aquel a quien se dirige la mentira, hace que esta resulte curiosamente eficaz cuando la racionalidad importa menos que el sentimiento, el entusiasmo o la creencia irreflexiva, como a menudo sucede en el amor, el fútbol, las ideas religiosas o los ideales políticos.

No es difícil encontrar ejemplos de los dos primeros casos, y de seguro el lector no necesitará otros que los que su experiencia le haya dado a conocer, en otras personas o quizás en su propia vida. Algo más difícil resulta para muchos admitir la irracionalidad de la creencia religiosa, probablemente por efecto de una educación recibida sin espacio para el cuestionamiento, como ya denunciaba Sócrates (no olvidemos que esa crítica le valió ser condenado a muerte: la sociedad es reacia a la denuncia de sus debilidades). Pero a primera vista podría sorprender la persistencia con que la mentira florece una y otra vez en el ámbito político, donde casi todo el mundo reconoce haber sido víctima de engaño en más de una ocasión. Y es que los ideales son terreno fértil para las promesas, que no por incumplidas en el pasado dejan de ser atractivas, siempre intuidas como posibles. 

Aquí tampoco faltan ejemplos. En todas las latitudes los políticos alcanzan el poder con promesas en muchos casos imposibles de cumplir y que luego en muchos casos no cumplen, pero que tienen la fuerza de atraer las simpatías —y los votos— de quienes en el momento apuestan por un ideal, o simplemente un estado de bienestar, pese a haber sido defraudados con anterioridad. Es el poder que tiene la mentira, cuando apela a la emoción, de acallar momentáneamente a la elaborada y prudente razón. Si lo que oímos exalta nuestros valores, nuestros ideales o nuestro sentido de identificación grupal, o, en ocasiones, el natural deseo de mejorar nuestra situación, es fácil dejarse llevar por el sentimiento de euforia participativa, de ceder ante las falsas promesas. La manera de sustraerse a esa tendencia a la anulación del criterio racional no es otra que mediante el mismo ejercicio racional…, lo que dificulta reconocer la mentira cuando uno se deja llevar por la fascinación que ejerce.  

Según una frase memorable (atribuida comúnmente a Abraham Lincoln pero que procede del pastor protestante Jacques Abbadie, en su obra apologética de 1684, Traite de la vérité de la religion chrétienne), se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo, e incluso engañar a algunos todo el tiempo; pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Rajoy construyó el discurso político que lo llevó al gobierno mintiendo que mejoraría la situación económica y el bienestar general. Mentiras que, al revelarse falsas, han reducido la representación de su partido en su segundo periodo, de la mayoría absoluta con que contó en un principio, a una fracción minoritaria que le dificultó notoriamente formar gobierno. Y es que la mentira tiene corta vida cuando se contrasta con los hechos. Lo que el mentiroso fanatizado por su propia visión tergiversada de las cosas no ve porque no quiere ver. Todavía en su partido insisten en que son “la lista más votada”, con una representación de algo más del 20 por ciento… lo que evidencia que casi el 80 por ciento de la población le ha retirado su apoyo, dividida entre distintos partidos. 

A pesar de los evidentes retrocesos de este gobierno en la distribución de la economía interna (que ha hecho a los ricos cada vez más ricos mientras aumenta el número de pobres), los niveles increíbles de corrupción, la pérdida de derechos laborales, la precariedad del empleo y hasta la llamada “ley mordaza” con su amenaza a la plena libertad de expresión —promulgada como lógico instrumento de defensa de todo lo anterior—, cualquiera que viva o haya vivido en la España actual ha podido comprobar que, en términos generales, es un estado democrático donde todo el mundo puede, pese a todo, expresarse libremente. Una sencilla prueba: decir en los medios de comunicación que se vive en un estado represivo y repetirlo hasta el cansancio no es precisamente algo que pueda hacerse en un estado represivo. El propio acto locutivo desmiente, por vía paradójica, su pretendida verdad. Puigdemont y compañía no se cansan de insistir en la supuesta represión ejercida por una España de tintes totalitarios mientras se han expresado y actuado libremente, hasta el punto de haber incumplido las leyes en forma reiterada, desobedecido abiertamente al Tribunal Constitucional e incluso haber salido del país sin ningún tipo de trabas para evadir acciones legales —porque una característica que tienen todos los estados, también los democráticos, es que el incumplimiento de las leyes acarrea inevitablemente sanciones.

Una forma particularmente insidiosa de mentira son las medias verdades. Es cierto que el gobierno utilizó recursos (legales, económicos y hasta físicos) para impedir la votación en el referéndum intentado en Catalunya el 1 de octubre, que se produjeron cargas policiales y que algunos independentistas han sido detenidos. Pero, como han señalado otras voces, incluida Amnistía Internacional, a la que difícilmente podría acusarse de connivencia con el gobierno, un político preso no es un preso político, sino un ciudadano que, desde el ejercicio de la política, ha incumplido las leyes: en este caso, la de convocar y apoyar un referéndum ilegal desobedeciendo la Constitución; y si las cargas policiales pudieron ser inexcusables, también es verdad que fueron casos aislados. Pero la mentira, además de distorsionar, convierte hechos particulares en generales y, así, los independentistas han aprovechado los desaciertos del gobierno para denunciar una supuesta situación general de indefensión ciudadana frente a un estado enemigo del voto, totalitario y opresor.

Otra cosa es que la democracia española sea perfectible —como también es fácil comprobar. La prisión preventiva, dictada en este caso contra los responsables del referéndum ilegal, es una medida que no debería existir en un estado de derecho, o reducirse a solo unas horas y solo en casos extremos, como se hace en otros países. Se pueden objetar (y se han recurrido) las medidas judiciales por desmedidas. Se puede (y se debe) protestar la actuación abusiva de los cuerpos del orden. Se puede incluso discutir la conveniencia de trasladar la consulta popular (a través de instrumentos como el referéndum) de los órganos superiores del gobierno a las comunidades. Pero en los estados de derechoincluida España— existen mecanismos legales de discusión, denuncia, apelación…, cuya finalidad es enmendar deficiencias y corregir posibles excesos. Diversos informes internacionales sitúan a España entre las veinte principales naciones del mundo cuyos ciudadanos gozan de democracia plena tanto en libertades civiles como en derechos políticos. La puntuación varía según los organismos, entre los que se cuentan algunas ONG, pero generalmente se sitúa detrás de los países escandinavos, Canadá, Australia o Alemania, que ocupan los primeros lugares, y por delante de Francia (aunque sorprenda a algunos), Bélgica (adonde han huido Puigdemont y su grupo), Italia y los Estados Unidos. Ante tales datos, los defensores de las actuaciones del gobierno harían bien en no dejarse llevar por la euforia. Siempre pueden criticarse los índices utilizados, la selección de los datos de partida y hasta la imparcialidad de los evaluadores. La democracia española necesita y debe mejorar. Pero si el dictamen fuera contrario al Estado español, bien que ya lo habrían utilizado hasta el cansancio los independentistas a ultranza, sin asomo de cuestionar su validez.

La justa ponderación a la que, en principio, debe conducir la observación objetiva no será nunca la conclusión del mentiroso de uno u otro bando, que se empeñará obstinadamente, el uno en generalizar o exagerar los hechos, el otro en minimizarlos o negarlos. Ambos harán oídos sordos a cualquier razón fuera de su propio y, por lo general, cada vez más empobrecido discurso.

Una de las mentiras acerca de la mentira (una metamentira) que más se repite en el terreno político (y que algunos atribuyen a Goebbels, otros a Lenin) es que una mentira repetida un número suficiente de veces se convierte en verdad. Repítase el lector cada día que es un pájaro y avíseme cuando le salgan plumas y arranque a volar… Chistes malos aparte, la metáfora no implica, por supuesto, que en algún momento la mentira empezará a ser verdad. Pero su constante repetición logrará que lo parezca para el ciudadano desprevenido o para quien quiera creerlo. Creyentes, voluntarios o no, que pueden llegar a ser mayoría. Pero que una multitud considerable llegue a compartir una mentira —como sucede típicamente en las guerras, siempre excusadas con la mentira de la propia justificación sobre el derecho ajeno no la convierte en verdad… ni impedirá, una vez descubierto el engaño, el sentimiento de repulsa de los decepcionados —que, en ocasiones, también pueden llegar a ser mayoría.

El mentiroso, con frecuencia arrastrado por su propia mentira (nada hay más fácil que engañarse uno mismo) termina por ver solo lo que quiere ver, y al independentista a ultranza lo ciega su visión estrecha de los hechos. En su dogmatismo no se cansará de repetir que es víctima de un estado antidemocrático y represivo, que le niega su derecho al voto…, sin mirar que todo derecho está condicionado por la ley y por las circunstancias y sin darse cuenta de que la incapacidad de ver las cosas en su auténtica complejidad lo descalifica —al igual que al gobierno que rechaza— para poder cumplir las bondades que promete. 


domingo, 22 de octubre de 2017

La política y la filosofía


LA TORPEZA DEL INDEPENDENTISMO CATALÁN

Dice Aristóteles —pero los políticos no leen— que quien se propone un objetivo hace bien en inventariar las condiciones con las que cuenta para poder alcanzarlo. Y, acto seguido, trabajar diligentemente para reunir, una a una, aquellas que le falten a fin de encaminarse en forma paulatina y segura hacia su consecución. Nada más sencillo y más obvio. Sin duda, no es una de las máximas más profundas del importante filósofo pero, aun así, los políticos, que no saben leer (porque saber leer es, sobre todo, saber pensar), lo ignoran.

En un momento histórico en que la universalidad de la información y la inmediatez del conocimiento a nivel mundial invitan al entendimiento entre la diversidad de grupos humanos, a la apertura y a la inclusión, hay quienes, confundidos y espantados por lo que erróneamente sienten como una amenaza a su integridad y sus valores, despiertan los viejos fantasmas del etnocentrismo y el nacionalismo que tanto daño han hecho en el pasado y el presente —¿ha habido alguna guerra que no enarbolara el estandarte de la propia identidad, que no preconizara el orgullo de los valores propios frente a los de otros?—, y así, en una época de necesaria solidaridad internacional, que se expresa en proyectos de elevadas pretensiones, por desgracia no siempre fáciles de llevar adelante y no ejemplares en todas sus acciones, como la Unión Europea, los ultranacionalismos pretenden erigir fronteras, establecer divisiones, separar en vez de unir.

Es posible que el actual momento no sea el más adecuado para separatismos. De hecho, puede que sea el peor momento de la historia para invocar viejas fronteras o establecer otras nuevas. Por mucho que las comunidades y ciudades-estado del pasado conocieran épocas de prosperidad, esta siempre se vio amenazada por los constantes enfrentamientos (nacionalistas, etnocéntricos) entre ellas, mientras que algunos de los momentos de mayor desarrollo cultural y económico de la humanidad han sido aquellos marcados por la tolerancia, el intercambio recíproco, la convivencia, la aceptación del otro. ¿Hay que recordar la unión de la Magna Grecia, la época alejandrina, la Liga Hanseática, el progreso de los centros de confluencia de la Ruta de la Seda, el Renacimiento, la Ilustración con su exaltación de la universalidad, los progresos científicos y culturales durante los siglos más tolerantes de la expansión musulmana, la enorme influencia mundial de la España previa a la Inquisición?… Incluso bajo la hegemonía totalitarista de los grandes imperios del pasado, lo que engendró riqueza económica y cultural fue la diversidad. ¿Hay que recordar la interculturalidad de la Pax Romana, o de la China unificada por el Primer Emperador? Los políticos actuales, voluntariamente o no, lo ignoran, quizás debido a su falta de lecturas.

Como sea, quien se propone un objetivo —aun sin haber leído a Aristóteles, mediante el solo sentido común— debería revisar si tiene los recursos necesarios, y buscarlos si no fuera así. Si el objetivo es la creación de un Estado, lo primero y esencial es contar con los apoyos suficientes. Primero y fundamentalmente, de la población. Un proceder lógico para un objetivo de tal envergadura, en nuestra época, sería hacer un referéndum. ¿Tiene la Generalitat (o cualquier Autonomía española) la facultad para llevarlo a cabo? Dentro de la Constitución actual, no. De hecho, en cualquier país, la secesión es la tarea más difícil que podría proponerse cualquier gobierno regional o autonómico, ya que la disgregación del Estado no será, previsiblemente, una opción contemplada por la legislación. En una secuencia lógica se impone, por consiguiente, modificar primero las leyes a fin de posibilitar la separación, ya que lo contrario sería un enfrentamiento imposible de ganar por vías legales o jurídicas. En épocas pasadas, bajo condiciones de dominación política, el enfrentamiento habría sido posiblemente la única vía, con la previsible consecuencia de una guerra —que podría ganarse o no—, la destrucción generalizada y la irreparable pérdida de vidas. Pero en un moderno estado democrático de la Europa del siglo XXI, existen garantías jurídicas y de derechos humanos, así como mecanismos para modificar y pactar las leyes. ¿Qué haría un político inteligente? (sé que la expresión es un oxímoron). En primer lugar, parlamentar. Existe, literalmente, un Parlamento, que sirve precisamente para eso. No ya un político, sino cualquier persona inteligente, no esperaría un éxito inmediato. Más bien todo lo contrario. La tarea será larga y difícil. Tendrá que empezar por convencer no ya de su objetivo sino de la mera posibilidad de discutirlo. Todas las leyes, todas las instituciones, todos los mecanismos existentes están en su contra. Además necesita asegurarse de que cuenta no sólo con el apoyo obvio de su grupo político sino de una amplia mayoría de la población. Es claro para cualquier mente razonable (pero ¿existen políticos razonables?) que una mayoría cualquiera no basta para un objetivo tan drástico que afectará de un modo u otro la vida de todos los ciudadanos. Necesitará de una mayoría cualificada que aporte al proyecto un respaldo incuestionable. En su compleja tarea, deberá prever las consecuencias económicas y financieras, jurídicas, educativas, tecnológicas, sociales y culturales de su proyecto. Deberá consultar con todos los estamentos de la población y obtener su respaldo. Sólo así contará con una base sólida para un proyecto de esa magnitud. Y sólo entonces estará en capacidad de intentar emprenderlo. Aun así, será una negociación difícil que, como toda negociación, tendrá que ser pactada y, como en toda negociación, habrá que ceder en algunos puntos, como lo exigen el elemental respeto y la sana convivencia con un Estado del que se ha formado parte hasta ahora y con el que necesariamente habrá que convivir en un mundo de universalidad y de pactos globales. Un mundo en el que, probablemente, el separatismo será un retroceso que no aporte ninguna ventaja social ni económica al nuevo Estado. Pero al menos, habría habido una clara voluntad mayoritaria llevada a sus consecuencias dentro de un proceso legal.

Algo tan obvio como lo anterior queda, obviamente, fuera de la capacidad mental de los políticos. Junqueras, al hablar falsamente de las diferencias genéticas de los catalanes con el resto de los españoles, que desmienten tanto la genética como la historia, aparte de generar dudas sobre su supuesta calidad de historiador, revela un vergonzoso racismo: desatinos que avalan su nula capacidad de negociación. Cuando Artur Mas aseguró que ninguna empresa se iría de Catalunya demostró no tener ni idea de los mecanismos económicos de la comunidad que pretendía gobernar: desde que se inició el procés, 35 grandes empresas, algunas de arraigada tradición, han abandonado Catalunya, incluidos dos de sus tres bancos más importantes; en total, unas 1200 empresas entre grandes y pequeñas ya han trasladado su sede social fuera de la comunidad autónoma (al menos un importante empresario ha denunciado que en ningún momento fueron consultados por los políticos independentistas, y los que advirtieron de los problemas que planteaba la separación no fueron oídos). Puigdemont, en vez de aprovechar de manera inteligente la torpe y reiterada negativa del gobierno central al diálogo, oponiendo un comportamiento intachable que evidenciara su superioridad política y legal, y que habría podido ganarle apoyo moral, se empeña, también torpemente, en desconocer las leyes que lo obligan y en provocar irresponsables movimientos de masas, como un trasnochado cabecilla de otra época en un cargo que obviamente le queda grande.

Ya lo decía Platón —pero ya sabemos que los políticos no leen—: el mejor gobernante es el filósofo. El problema es que quien ama la sabiduría y, presumiblemente, gobernaría con ella a sus conciudadanos, está tan interesado en saber que no quiere ocuparse del gobierno. Y así, está condenado —como usted y como yo, apreciado lector— a ser gobernado por ineptos.

 

viernes, 6 de octubre de 2017

Ilegalidad frente a inmovilismo


NI PUIGDEMONT NI RAJOY

La inteligencia es un bien escaso. Y no abunda en la clase política. De hecho, es uno de los lugares donde es más difícil encontrarla. Vemos muestras de ello todos los días. Una de las más recientes, y de las más graves, por su repercusión en la sociedad que los políticos dicen representar, es el enfrentamiento entre el govern de la Generalitat y el gobierno de España, ambos anclados en posiciones irreductibles que solo conducen al desastre.

Pero eso no les importa a los políticos, siempre que el desastre lo sufran otros, sobre todo si ellos obtienen algún rédito, medible por sus éxitos, su popularidad, su permanencia en el poder que tanto valoran, o su ego que valoran aún más. Porque ellos saben, ¡qué desgracia!, que no podrán permanecer siempre en el poder; ni aun los dictadores más inamovibles, porque la vida humana tiene un límite. Pero en los libros de historia, en los documentos oficiales, en las hemerotecas, sí quedará su nombre, y si puede ser asociado a algo que suene grande, como “la independencia de un pueblo” o “la defensa de la unidad del país”, pues mejor. ¿A qué mayor gloria se puede aspirar?

Y para alimentar ese ego no dudarán en utilizar las leyes para sus fines personales, en destruir al adversario (con medios que en otra época podían llegar a la ejecución, o con la inhabilitación política en los actuales estados de derecho), en incitar a las masas, en arrastrar al desastre lo que se interponga en su camino, siempre que puedan echarle la culpa al otro. Y siempre puede echársele la culpa a otro, como demuestran la retórica y la historia, desde los comienzos de la teoría de la argumentación con Gorgias, en los inicios de la filosofía occidental, hasta los falsos argumentos de Puigdemont y de Rajoy.

Si fueran niños –mentalmente, en muchos respectos, lo son– habría que sentarlos ante una mesa de discusión y mantenerlos allí, como a párvulos malcriados, hasta que llegaran a un acuerdo. Porque una de las primeras cosas que un niño debería aprender es que tan difícil es que alguien tenga toda la razón como que esté totalmente equivocado. A diferencia de las matemáticas, donde unas cuantas reglas explícitas permiten decidir unívocamente si algo es verdadero o falso, en el mundo de las relaciones humanas, donde confluye una compleja variedad de factores de difícil ponderación, las cosas no son blancas o negras: lo normal es que haya una enorme diversidad de grises.

Ni España es indivisible ni el único futuro posible de Catalunya (Cataluña) es la independencia.


EL RECLAMO              

En primer lugar, una cuestión de matices: más que de independencia se trata de separatismo: Catalunya y España no son, en los actuales momentos, un país dependiente de otro, como no lo son Galicia ni el País Vasco, Castilla-La Mancha o Extremadura, respecto de España. Todas ellas son comunidades autónomas españolas, con un régimen político-jurídico determinado, que forman parte de un mismo territorio nacional, así reconocido por Europa y las demás naciones del mundo (al margen de otros usos que puedan dársele a los términos nación, país, comunidad, región, comarca, estado o el que guste). No obstante, dado que prefieren llamarse independentistas, usaré el término independencia.

Los principales argumentos (llamémosles así) de Puigdemont, Junqueras y demás independentistas, son falaces: “el derecho internacional reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos”. Este es un enunciado muy general que, como todos los enunciados generales, requiere aclaración. De manera muy general también, existen tres casos de aplicación de este derecho: el colonialismo, los países bajo intervención militar de otro estado, y la violación reiterada y permanente de los derechos humanos. Ninguno de ellos aplicable a Catalunya (ni a ninguna otra autonomía española). En el simplismo de sus objetivos personales, los independentistas no intentan explicar esos matices a los ciudadanos (con lo que cumplirían una importante labor educativa); al contrario, manipulan las masas con frases vagas y generales: ¿Quién no quiere ser libre? ¿No es el voto un derecho? ¡El opresor Estado español nos niega ese derecho! Y sin explicar en qué consiste la libertad que ellos prometen, desconocen la legalidad que se comprometieron en su momento a respetar y cuyo cumplimiento, por su parte, exigirán después al pueblo. Porque en los estados de derecho (incluido el que ellos supuestamente proponen) las competencias políticas están distribuidas. Entre ellas, quién puede convocar legalmente un referéndum. Según la Constitución vigente, no las comunidades autónomas, ni cualquier instancia popular. La facultad corresponde a los órganos superiores, más generales, del gobierno. De seguir el simple argumento de los independentistas, tendrían que permitir que, una vez alcanzada la independencia, cualquier provincia catalana que así lo quisiera pudiera hacer su propio referéndum separatista, y tendrían que aceptar (de acuerdo al criterio que ahora esgrimen) su posible independencia. Es la llamada teoría de la infinita divisibilidad, según la cual cada pequeña comunidad, en función de su derecho a la autodeterminación, generaría pequeños estados cada vez más fragmentados hasta el extremo de llegar a formar grupúsculos independientes constituidos por no más de un puñado de individuos (fenómeno que algunos politólogos han llamado “tribalismo posmoderno”). Pero a los independistas no les importan sus propias contradicciones. Así, promulgan sus propias leyes por vías contrarias a la ley. Desconocen al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo pero acuden a ellos para interponer recursos frente a las actuaciones del gobierno. Apelan a mayorías que no tienen: según todos los sondeos de opinión disponibles, directos e indirectos, el independentismo alcanza en Catalunya la considerable cifra de un 47-48%. Respetable, sin duda, pero no es mayoría. Ni siquiera mayoría absoluta (que, como se sabe, y ellos deberían recordar, es del 51%). Sin contar que para ciertas acciones políticas de importancia suele requerirse una mayoría cualificada, a veces de 2/3. ¿Es que no es lo bastante importante una declaración de independencia? Pero Puigdemont y compañía dicen estar acatando un mandato del pueblo, pronunciado en referéndum... Un referéndum no solo ilegal según la Constitución sino fallido por razones técnicas y logísticas, resultado de las pocas actuaciones, justificadas o no, del gobierno español (a lo que me referiré enseguida). Referéndum al que, dicho sea de paso, acudieron algo más de 2 millones de votantes… de una población de más de 7 millones (de los cuales más de 5 millones poseen derecho a voto).   

Por su parte, el Estado español se ha negado siempre a aceptar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Catalunya que, también según los sondeos existentes, reclama hasta un 75-80% de la población catalana. Cifra seguramente mayor en estos momentos como reacción a la brutalidad con que la policía reprimió el referéndum celebrado por la Generalitat hace unos días –brutalidad que, aparte de ser habitual de los cuerpos policiales (de todos ellos) cuando se trata de reprimir a ciudadanos indefensos, era totalmente innecesaria si el referéndum no era válido. Dejando aparte cuestiones históricas cuya relevancia para el presente es siempre discutible (en 1934 se proclamó, bajo circunstancias muy distintas, la República Catalana; independencia que duró 10 horas), en época reciente ha habido hasta cinco votaciones en Catalunya desde 2006, relacionadas de alguna manera con el derecho a decidir de la población: el Estatuto de Autonomía de ese año, legalmente propuesto y aprobado, y refrendado por la mayoría de la población catalana, que fue más tarde rechazado por el Tribunal Constitucional, un par de consultas municipales celebradas legalmente y desoídas por el gobierno de España, y la célebre y disputada consulta de hace solo tres años sobre el futuro político de Catalunya, que el gobierno español finalmente también declaró inconstitucional, más las elecciones autonómicas de 2015 al Parlament de Catalunya, donde los independistas obtuvieron una importante representación y a partir de la cual establecieron su “hoja de ruta” para la independencia. 


LA POLÍTICA DEL AVESTRUZ          

Esa negativa permanente del gobierno de España a atender a un reclamo de la población, o de una parte de ella, concentrada o no en una comunidad autónoma, pero principalmente si proviene de una comunidad autónoma que reclama mayor autodeterminación, no puede tener otra consecuencia que la exacerbación del reclamo, sobre todo cuando la desatención es percibida como la negación de un derecho. La política del avestruz no logra disipar la realidad, por más que así lo crea el animal que, de momento, deja de percibirla. Al contrario, cuando el avestruz saque al final la cabeza del agujero se encontrará con una realidad más imponente y más cercana, que terminará por afectarle de una manera mucho mayor y directa.

Lo inteligente en política, como en todos los ámbitos –pero los políticos no son inteligentes– es siempre escuchar al otro. Porque, previsiblemente, la razón no estará nunca por entero en uno de los lados, sino que se repartirá en forma desigual entre las diversas posiciones. Algo tan básico, que es lo primero que deberían aprender los niños, los políticos lo ignoran.

Las sociedades cambian, y las instituciones deben cambiar en consecuencia. El mundo, hoy a un ritmo mucho más rápido que en el pasado, cambia. El modelo de estado que en un momento fue adecuado para la incorporación de España a Europa y al mundo, cerrando bien o mal el triste episodio de cuarenta años de dictadura para abrirse a la democracia moderna, hoy necesita cambiar para adaptarse. El Estado español debe responder a la realidad presente si quiere seguir siendo una nación moderna que tenga algo que decir y que diga algo en el concierto internacional. Muchas cosas hay que cambiar en España, y sería muy largo mencionarlas todas, desde viejos compromisos que subsisten con un pasado condenable que aún no ha sido oficialmente condenado, pasando, entre otras cosas, por la función social de las instituciones bancarias o la competencia de los jueces, hasta la redefinición de las atribuciones autonómicas. Entre estas, ya urgente –se ha hecho urgente por la política del avestruz adoptada– está la cuestión de Catalunya.


POSICIONES IRREDUCTIBLES          

El inmovilismo suele ser una mala política. Y en materia de convivencia, la peor. El gobierno español tiene miedo al cambio, como ha dicho muchas veces el Partido Popular, a “romper la unidad de España”. Pero esa unidad está resquebrajada de hecho en estos momentos por la actitud pusilánime e inmovilista de Rajoy. Cuando esto escribo, estamos a escasos cinco días de la anunciada reunión del Parlament en la que se podría proclamar la nueva República Catalana. ¿Qué diablos está haciendo Rajoy que no ha llamado a Puigdemont, como es su obligación política y moral, para sentarse a negociar, junto con todas las demás fuerzas políticas, hasta llegar a un acuerdo? Más veces ha dado la cara en este problema, en forma aislada, la vicepresidenta del gobierno que el presidente. ¿Qué asunto sería lo bastante serio para que Rajoy asumiera directamente la responsabilidad que le corresponde de afrontarlo? No es tan difícil llegar a acuerdos si hay voluntad de alcanzarlos. Pero está claro que esa voluntad no existe. A ambos presidentes, de la Generalitat y de España, les interesa más su propio ego que el bienestar y el futuro del pueblo que dicen representar. Aunque su recalcitrante actitud, en uno y otro caso, lleven al desastre. A fin de cuentas, ya le echarán las culpas al otro, como siempre, y como en este momento están haciendo.

Los movimientos sociales susceptibles de generar violencia –y los movimientos políticos lo son, por antonomasia– no suelen pasar sin cobrarse víctimas. En respuesta a la brutalidad con que la policía reprimió a los votantes en el referéndum del 1 de octubre pasado, grupos de gentes acosaron después a los policías alojados en sus hoteles, sin discriminar entre quienes pudieron o no ser responsables. Algunos piquetes de huelguistas intimidaron a los dueños de los negocios que no se adhirieron a la huelga convocada hace dos días. Hay quienes manifiestan desprecio ante los vecinos que empiezan a percibir como adversarios (y hasta casos de acoso estudiantil, indicio de actitudes que los niños agresores perciben en sus casas). Ya ha habido enfrentamientos ocasionales de manifestantes de uno y otro bando, puesto que ahora se puede hablar de bandos, que hasta ayer prácticamente no existían. Y es que es muy fácil manipular a las masas mientras se habla hipócritamente de legalidad y civismo. Los tumultuosos que se agruparon frente a los hoteles aparecieron cuando Puigdemont exigió públicamente que los policías enviados por el gobierno central para impedir el referéndum se fueran de Catalunya. Rajoy llama a la unidad de España y no tardan en hacerse notar grupos exaltados de una ultraderecha nostálgica que todavía pulula a sus anchas en el país. Por fortuna, esas lamentables muestras de animosidad no representan el sentir de la mayoría que, contrariamente a la actitud de enfrentamiento de quienes las motivan en forma irresponsable, sigue viviendo en pacífica y respetuosa convivencia. 

¿Es posible llegar a un acuerdo en estos momentos? Desde posiciones irreductibles, evidentemente no. Independencia y unidad son antagónicas. Pero si los políticos miraran más allá de su ombligo seguro que se asombrarían de descubrir, con bastante frecuencia, ventajas en el punto de vista de quien consideran su adversario. En una burda aproximación, la independencia puede conllevar inseguridad económica: problemas de autoabastecimiento, disminución de la inversión, inestabilidad de los mercados (ya varias importantes empresas y entidades bancarias han anunciado su salida de Catalunya), dificultades para la financiación de la investigación científica y tecnológica…, aparte de la inmediata falta de relevancia a nivel internacional, entre otras cosas. Por otra parte, la unidad a ultranza, en desconocimiento de diferencias culturales, sociales y económicas, genera claras injusticias además de que frena iniciativas valiosas en todos los terrenos. Seguramente, en el actual momento histórico, habrá un punto intermedio que marcará un máximo de beneficios y un mínimo de desventajas para ambas partes. Si Rajoy y Puigdemont son incapaces de verlo, seguro que en torno suyo hay muchas mentes capaces de aportar ideas. Por muchas razones, es claro que el modelo de las autonomías se queda atrás para el estado que España necesita hoy. Se ha hablado de federación. La idea no es nueva: la Primera República Española de 1873, que duró menos de dos años, fue una federación, y el modelo volvió a plantearse (aunque no se adoptó) durante las discusiones para la Constitución de 1931. Actualmente la referencia más obvia podría ser el modelo de cantones suizos, los Estados Unidos o la misma Unión Europea, aunque probablemente podría encontrarse un modelo propio y más idóneo. Algunos han mencionado una forma de Federación Ibérica, a la que quizás, si le conviene hacerlo, querría unirse Portugal en un futuro… En cualquier caso, ideas no faltan. 


EL PUEBLO QUE LOS POLÍTICOS NO REPRESENTAN              

Son muchas las voces que han advertido del desastre al que pretenden llevarnos los políticos en su irresponsabilidad. Muchas las personas que en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales, desde la intelectualidad hasta el deporte, desmontan la mentira, rechazan actitudes recalcitrantes, reclaman la necesidad de diálogo. Pero, ¿quieren dialogar Puigdemont y Rajoy?

A todas luces, no. En un insulto más a la inteligencia de los ciudadanos, ambos dicen hipócritamente estar dispuestos al diálogo anteponiendo su propia posición como condición irrenunciable, con lo que rechazan de antemano toda posibilidad de acuerdo. En los actuales momentos resulta claro que los pueblos que Rajoy y Puigdemont dicen representar superan con mucho a sus políticos, en pensamiento y en valor humano. Cada vez queda menos tiempo para que otros políticos que aún sean capaces de pensar se tomen en serio llevar a este par de irresponsables a un diálogo honesto. Si estos quieren avanzar hacia el desastre haciendo uso de las leyes a su antojo o quedándose sentados mientras los acontecimientos los superan, los que todavía están más allá de egoístas intereses personales deberían ser capaces de sentarlos a la mesa de diálogo antes de que las cosas se les vayan de las manos. El pueblo pensante tiene derecho a mejores gobernantes.       


jueves, 6 de junio de 2013

CUANTO SIGUE PERTENECE A LA ÉPOCA ANTERIOR DEL BLOG

Desaire al ministro

Según la prensa de ultraderecha y muchos nostálgicos del nacionalcatolicismo que aún quedan, estos graduados universitarios con honores son unos maleducados por no darle la mano al ministro. Debe ser que sacar a la gente de sus casas por la fuerza, reducir los salarios, dejar sin empleo y hasta en la indigencia a una parte considerable de la población, aumentar los impuestos al pueblo para salvar del desastre que han causado quienes cobran sueldos millonarios, y siguen cobrándolos, estafando y aplicando cláusulas abusivas, dejar la sanidad en situación precaria, impedir el acceso a la justicia, golpear brutalmente y multar a quienes ejercen el derecho de protestar, imponer una educación doctrinaria y selectiva… es respetar a los ciudadanos y sus derechos. "Si vas a faltar el respeto –piensan ellos–, al menos guarda las apariencias. Sé tan hipócrita como nosotros, que para eso es la educación que queremos darte. Hay que dar la mano a quien te golpea, te expolia, te humilla y te despoja de tus derechos." Pues estos universitarios, con más formación que muchos de esos ministros cuyo único mérito es pertenecer a un partido político, han dicho no. No van a dar la mano a alguien que forma parte activa de quienes hunden al país en la vergüenza. Un gesto que los honra.   

lunes, 18 de marzo de 2013

Se acabaron los desahucios... (¿?)

Ha tenido que intervenir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decirle a España que los desahucios son contrarios a la normativa europea, a la justicia, a los derechos de las personas y al más mínimo sentido de humanidad.

Vergüenza para los bancos y las entidades financieras españolas que aplicaban cláusulas abusivas (esta misma denominación usa la sentencia del Tribunal).
Vergüenza para los jueces que no se rebelaron en sentido de justicia contra esos abusos (algunos sí lo hicieron, honrosamente, aferrándose a cualquier posibilidad que les dejaba la ley, o acudiendo a ese mismo Tribunal. Honor para ellos).
Vergüenza para la policía, los bomberos y los cuerpos del Estado que colaboraron y contribuyeron a los desahucios (pudieron haberse negado, como algunos honrosamente lo hicieron –Honor para ellos también–. Tenían un recurso legal disponible: la objeción de conciencia).
Vergüenza para los periodistas y medios de difusión que respaldaron (y respaldan, todavía tienen la desfachatez) esos procedimientos.
Vergüenza para todos los gobiernos españoles de la democracia que no se atrevieron a derogar una ley de hace un siglo y prefirieron seguir actuando como lacayos de los bancos y los poderosos a quienes beneficiaba la injusta ley.
Vergüenza para los políticos que no propusieron la eliminación de esa injusticia (algunos sí lo hicieron sin ser escuchados: honor para ellos). 
Vergüenza para la poderosa Iglesia católica española, que sí sabe protestar, salir a la calle y hasta amenazar con excomunión a quienes se oponen a sus dogmas pero que se ha olvidado de su principal mandamiento (nadie ha visto manifestaciones de la Iglesia en contra de los desahucios).
Vergüenza para Rajoy que apenas un día antes respondía negativamente en el Congreso a la eliminación de esa ley, demostrando que es un títere al servicio de los bancos. (Véase Las mentiras de la banca y la hipocresía del gobierno).
Vergüenza para Gallardón, cuyo sometimiento a los poderes económicos demuestra que no tiene el más mínimo sentido de la justicia –por eso ha tenido que recordárselo el Tribunal europeo. (Véase La justicia, los bancos y la ley de desahucios).

... Pero no seamos ingenuos. Los bancos, las entidades financieras, los políticos corruptos a su servicio, seguirán confabulando para encontrar resquicios legales por los que seguir aplicando cláusulas abusivas.  

viernes, 22 de febrero de 2013

La palabra de Rajoy

"No he cumplido mis promesas electorales, pero siento que al menos he cumplido con mi deber." Para Mariano Rajoy, al parecer, ambas cosas (cumplir sus promesas y cumplir con su deber) no son lo mismo –ya que, de serlo, su declaración sería contradictoria... lo que, juzgando por lo que hace y dice, tampoco sería nada nuevo. Pero concedámosle, por esta vez, coherencia. Se puede pensar en situaciones en las que el deber (se entiende, el deber ético) nos obligue a no cumplir una promesa. Quienes hayan leído Juan Salvador Gaviota recordarán que la gaviota protagonista siente que no debe cumplir su promesa en el momento en que ésta, pronunciada en una etapa anterior de crecimiento espiritual, le dificulta alcanzar fines que en ese momento no era capaz de comprender y que ahora juzga trascendentes. También puede pensarse en una situación práctica en la que el compromiso responde a un desconocimiento de la situación real. Lo reprochable sería, en uno y otro caso, aferrarse a la palabra empeñada a costa de las impredecibles consecuencias, demostrando una escasa capacidad de criterio. Ni uno ni otro son el caso de Rajoy. No es la gaviota del cuento, en pleno proceso de autodescubrimiento, sino otra clase de gaviota (recuérdese que tras la disimulada apariencia de esta ave está su condición de animal depredador), plenamente adulta y plenamente consciente de la situación ante la que se encontraba, y, por tanto, plenamente responsable de sus compromisos.

¿Qué razón puede haber para que un individuo adulto y con pleno conocimiento, y, además, supuestamente experto en las cuestiones por las que se compromete, no cumpla sus promesas? En cualquier situación laboral, social o personal, un individuo así estaría demostrando inmediatamente su absoluta ineptitud o su mala fe, las únicas razones que explican –nunca justifican– la mentira. (Cabría quizás otra: el paternalismo, bajo el convencimiento de una realidad que sobrepasa la capacidad de previsión y de decisión de otros: siempre rechazable, sobre todo en política, por la orgullosa prepotencia que comporta de sí mismo aunada al desprecio a la inteligencia y la dignidad ajenas. Achacable, sin duda, a otros dirigentes del PP, pero que en Rajoy vendría a corroborar que no sabe distinguir su codo de su nariz.) En el caso de Rajoy, la ineptitud es evidente, desde su nombramiento de sus ineptos ministros, a los que sigue manteniendo en su puesto a pesar de su más que obvia incompetencia (véanse algunas de las entradas anteriores), al hecho estadísticamente evidente de que el país está ahora mucho peor que cuando él llegó al gobierno (a pesar de que entre sus deliberadas mentiras sólo le faltaba asegurar que tenía la varita mágica para solucionar los problemas). Digo que la ineptitud es evidente; y la mala fe también: desde el rebuscado lenguaje con que los ministros y representantes del gobierno pretenden disimular sus reiteradas mentiras (uno no puede dejar de recordar el Ministerio de la Verdad de Orwell, en su novela 1984), hasta el hecho de que sus "reformas", dictadas exclusivamente por los intereseses de poderes económicos, no sólo han echado por tierra derechos laborales, civiles y ciudadanos que había costado mucho conseguir, en tiempo histórico, esfuerzo y vidas humanas, sino que han estado directamente destinadas a empobrecer y dejar en la precariedad, literalmente en la calle –hasta el extremo de la indigencia– a los que tienen menos para darles más riqueza a los más ricos –entre quienes, por si fuera poco, ha abundado y abunda una corrupción desmesurada, incluida la clase política.

Quien considera que "cumplir con su deber" significa estar al servicio del poder del dinero a cualquier precio –incluidos el bienestar, la salud, la educación, la vivienda, el futuro y, en algunos casos, hasta la vida de personas que, desesperadas ante la indefensión laboral, legal y social han recurrido al suicidio–, sólo puede ser considerado (aun dentro de su ineptitud) una mala persona. Ante esta realidad, la nula calidad de su palabra es lo de menos.  

viernes, 16 de noviembre de 2012

Las mentiras de la banca y la hipocresía del gobierno

La Asociación Española de Banca ha anunciado que paralizará los desahucios durante dos años "en los casos de extrema necesidad", y ha afirmado que lo hace por "razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social". Si la banca tuviera sentido de responsabilidad social no habría tardado al menos 3 años en parar esa atrocidad, al ritmo creciente hasta las últimas fechas de más de 500 desahucios diarios. El promedio desde 2008 ha sido de unos 130 desahucios por día, dejando en la calle hasta ahora a más de 203.000 familias, sin que a los bancos les haya preocupado su situación: ya fuera con personas en paro o enfermas, discapacitados, menores, ancianos..., y ello sin ningún plan de recuperación, oferta sustitutiva ni aceptación de la vivienda en pago. Por el contrario, se han cebado con quienes no pueden pagar despojándolos de un techo y encima exigiéndoles seguir pagando la casa que ya no tienen y con la que el banco podrá negociar ahora, apoyándose en una absurda ley de hace más de un siglo que jamás debió existir.

Ha tenido que constituirse la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que entre las escuálidas defensas legales disponibles, movilizaciones, resistencia pasiva, llantos y empujones ha logrado mal que bien detener –en muchos casos sólo temporalmente– algunos desahucios desde noviembre de 2010; ha tenido que producirse la decisión de algunos jueces de impedir otros desahucios, sirviéndose de precarios recursos legales para esquivar la nefasta ley; han hecho falta denuncias y manifestaciones, la repulsa general de la opinión pública, el rechazo unánime a la banca por parte de asociaciones de defensa de los derechos ciudadanos, el informe (desoído por las autoridades políticas) de grupos de jueces, la acusación directa a gritos y en pintadas en los escaparates de las oficinas bancarias, la objeción de conciencia de algunos miembros de la policía, así como la negativa de empresas de cerrajería, a actuar en los desahucios, la llamada de atención del Tribunal de Justicia Europeo y hasta el suicidio, sí, de algunos afectados para que la Asociación Española de Banca se acordara finalmente de su función humanitaria. Y aun así, lo hace con la reserva de que detendrá sus actuaciones "en casos de extrema necesidad". La cual, supuestamente, determinarán los propios bancos. ¿Cómo podría ser de otro modo, a la luz de las declaraciones recientes del ministro de justicia? (Véase post del 31 de octubre: La justicia, los bancos y la ley de desahucios.)

En cuanto al gobierno, esas mismas presiones lo han llevado, ¡por fin!, a hacer algo... Pero ¿qué? Un decreto que contempla una moratoria de dos años (lo que ya había anunciado la banca –está claro quién toca la flauta) pero sólo en los casos más vulnerables, tales como "unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo", "unidad familiar con un menor de 3 años", o que tenga "algún miembro con discapacidad del 33%"... Es claro que una familia monoparental con un solo hijo, o con ambos padres y un hijo de 4 años, o con un miembro discapacitado en un 30%, serán, como hasta ahora, echados a la calle... Y así con los demás casos. 

Es verdad que algo es mejor que nada, pero ¿es éste el estado de bienestar de una democracia europea del siglo XXI? ¿Es siquiera un estado mínimamente humanitario? El partido de gobierno se ha apresurado a recalcar que éste es el primer gobierno que hace algo al respecto. De lo que es una absoluta vergüenza para todos los gobernantes desde la implantación de esa funesta ley hipotecaria, el partido de turno trata de obtener rédito político, sólo porque ha puesto un límite arbitrario a partir del cual la banca podrá continuar con sus desmanes –eso sí: desde ahora con la cara lavada por el humanitario decreto. Lo que el gobierno no comenta (porque sin duda no quiere que llame la atención demasiado) es que esas pobres medidas no son retroactivas, no plantean la dación en pago de la vivienda y ni aun la paralización de los intereses de mora mientras los afectados no puedan seguir pagando por la casa que ya no tienen, y que tampoco contemplan ninguna modificación de la ley hipotecaria. 

Ante la injusta y, para muchos, insoportable situación, el gobierno hace poco recomendó –solo eso– a los bancos aplicar "buenas prácticas bancarias" –ya se ve con qué resultados. ¿Qué hace falta para que el gobierno se atreva a aplicar "buenas prácticas de gobierno"?


(Viñeta de Pero&Grullo. Tomada de: Miniyo)