Filosofía y lo demás

El cese de la violencia terrorista en España

2011-10-21T09:47:00.004+02:00

La mejor noticia que cabía esperar. Ya vendrá la entrega de las armas, ya vendrán las difíciles discusiones sobre procedimientos, actuación de la justicia y futuros posibles, pero el primer paso no podía y no puede ser otro que éste: la declaración unilateral por parte de los asesinos del cese completo de la violencia. Nuestro dolor y memoria imborrable para con las víctimas y sus familiares, nuestro reconocimiento sincero y sentido a todos los gobiernos de la democracia. Lo que no quita que se reconozca, en particular, a pesar de sus muchos desaciertos en otras cosas, la valentía, la firmeza y la claridad de miras del presente gobierno socialista, que quienes carecen de ellas –triste es tener que decirlo– no han cesado de tergiversar con malicia y criticar mezquinamente para sus propios intereses. Hoy es un día feliz, dolorosamente feliz, por lo que ha costado, para todos los auténticos demócratas, para quienes creen con generosidad en el futuro del país.

Predicción (sombría) del futuro político electoral de España a corto plazo (4 años)

2011-10-05T09:04:00.003+02:00

Me atrevería a hacer una predicción: dado que la gente, en su gran mayoría, vota de manera visceral y no racional, en estas próximas elecciones, como todos esperamos (que no todos deseamos), ganará el PP. No, esa no es mi predicción, es la de casi todos. Esa es mi premisa.

La predicción es esta: esa victoria electoral en puertas le va a costar al PP perder las siguientes elecciones y seguramente varias más, si no hasta un consiguiente descalabro peor que el que está sufriendo ahora el PSOE. ¿Por qué? Porque no van a solucionar la crisis, como se han empeñado en hacer creer a un electorado decepcionado, crédulo y ansioso de una rápida solución a sus urgentes problemas económicos, porque no hay varita mágica y porque las medidas que más han perjudicado a todos se han tomado en su mayor parte con la anuencia y el apoyo del PP (aunque ahora, por aquello del voto visceral, se culpe de todo a Zapatero, que bien tiene su parte de responsabilidad). Y, por tanto, la gente reaccionará arrepentida retirándoles el voto con la misma visceralidad con que ahora van a dárselo... seguramente aumentada, en ese entonces, por el resentimiento y la frustración de haber sido engañados.

Los políticos en su mayoría (en particular los del PP) no se dan cuenta de esto, porque ya conocemos su escasez de miras. A cuenta de alcanzar el poder y sus beneficios a toda costa, se están labrando ellos mismos su propio y merecido descalabro futuro. A costa, por desgracia, de una población crédula, víctima en su mayor parte del voto visceral de la mayoría de votantes, que es la que a fin de cuentas sufre las consecuencias de la megalomanía de los políticos, la descarada ambición de los banqueros y grupos financieros, y su propia falta de racionalidad a la hora de escoger y dar el voto.

Las visitas del Papa a España

2011-08-20T23:46:00.004+02:00

Las visitas del Papa a España

En su actual visita a España, el Papa (está en el país mientras escribo) ha criticado el crecimiento de un laicismo que ha calificado de “un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresivo como se vio en la década de los 30”, y ha dicho que, en consecuencia, “España necesita una nueva evangelización”.

Dos respuestas, creo, amerita esta crítica, dirigida a un sector importante –diría más: diría mayoritario, diría abrumadoramente mayoritario, como veremos con cifras– de la sociedad española, que ha elegido libremente, por la vía de la participación y la representación democráticas, el estado laico como expresión de una actitud independiente, tolerante y abierta a todos los credos e ideologías, en igualdad de condiciones y dentro del respeto mutuo del modo de vida de todos sus ciudadanos.

La primera e inmediata respuesta que suscita la admonición del Papa, tiene, a su vez, forma de pregunta: ¿Se trata de una crítica –una crítica más, deberíamos decir, de las muchas que recientemente ha hecho la Iglesia– a la política interna del país, a la voluntad democrática de sus ciudadanos? ¿Es una advertencia, proferida desde un poder religioso hoy venido a menos, un obvio aviso de un plan de acción a la militancia eclesiástica para recuperar esas almas perdidas? ¿O una amenaza velada?… Porque recordemos que en los años 30 la Iglesia española, sintiéndose desplazada por las reformas sociales y la creciente toma de conciencia ciudadana de los derechos políticos y civiles, promovió y respaldó el golpe de estado fascista que acabó con esos derechos y reivindicaciones, con la República, con la familia, la libertad y la vida de cientos de miles de personas, para instaurar seguidamente uno de los regímenes totalitarios más opresivos, vengativos y oscurantistas del siglo XX, el mismo que recibió el apoyo del Tercer Reich y la repulsa y el aislamiento, durante largo tiempo, del mundo civilizado.

La comparación del señor Ratzinger, autollamado Benedicto XVI, al evocar el momento actual, con la situación sociopolítica de España en los años 30, no puede menos que evocar también la feroz brutalidad del régimen contra el rumbo de libertades que la República estaba tomando en esos momentos… Atropello respaldado, no lo olvidemos, por la Iglesia, porque nunca faltó el crucifijo en los dormitorios y despachos de los funcionarios de la dictadura, quienes iban religiosamente a misa, ni los abundantes concordatos con la Santa Sede, el trato especial, el otorgamiento de prebendas y beneficios, y hasta la encomienda de la educación en manos de curas y monjas…, quienes poco antes habían visto amenazado su dominio de siglos sobre las conciencias de los ciudadanos y ahora lo recibían recuperado con creces. ¿Es esto lo que quiere que recordemos el teólogo Ratzinger con su referencia explícita a aquel momento histórico?

La segunda respuesta, inevitablemente vinculada con la primera es esta: Se puede, señor Ratzinger, por la fuerza y la represión de las conciencias, retrasar, pero no cambiar el curso de la historia. ¿De qué sirvió la represión militar y fascista impuesta en España, su larga duración (para no mencionar las cárceles, razzias, torturas y muertes), el nacionalcatolicismo del régimen, la educación religiosa, el predominio absoluto y aplastante, sin réplica, de las doctrinas de la Iglesia durante 40 años… si ahora la situación, como usted señala, vuelve a ser comparable a la de aquellos tiempos?… Pero no se engañe. El tiempo no pasa en vano. La interrupción del desarrollo histórico no comporta una vuelta, años más tarde, al punto de partida, sino, como muestra siempre la historia, a un estadio superior.

El predominio de la Iglesia pudo interrumpir el desarrollo de la ciencia antigua (el llamado Renacimiento Alejandrino) durante un milenio, y ocultar los sorprendentes avances del mundo helenístico para su época, como prueba la profusa documentación reencontrada y la reconstrucción arqueológica de las destrucciones masivas realizadas por los fanáticos religiosos de los primeros siglos del cristianismo. Pero cuando resurge la ciencia en los siglos XV y XVI no lo hace exactamente en el mismo punto y con la misma pauta de desarrollo. Muchas cosas han cambiado. Factores culturales y técnicos, aunque simples, que antes no existían, cambios de pensamiento que provocan un avance inesperado. La ciencia ha progresado más en los últimos siglos que en toda la historia anterior, y más aún en los años recientes que en toda la historia, incluida la inmediatamente anterior a esta.

Así, señor Ratzinger, la actual situación social y política española no tiene más que un aire de semejanza con la de los años 30, aunque su visión, anclada en el pasado, no le permita verlo… O quizás sí, y de ahí su insistencia en venir una y otra vez a España (tres visitas en cinco años, las dos últimas en solo 8 meses). ¿Teme que la Iglesia católica acabe de perder su antigua omnipresente influencia y su dominio absoluto sobre las conciencias de los españoles, más cercanos hoy que nunca a una laicidad democrática? Porque es exactamente lo que reflejan las estadísticas: no se engañen los creyentes por la apariencia, no son mayoría. Que se concentre gran cantidad de fieles (por cierto, muchos venidos de fuera) alrededor del Papa no significa que el país sea católico, como el hecho de que un gran número de enfermos coincida en los hospitales no significa que el país esté mal de salud, ni que la universidad rebose de estudiantes significa que toda la población se dedique al estudio. Las cifras del Instituto de la Juventud señalan que, en los últimos años, solo el 10% de los jóvenes de 15 a 29 años son católicos practicantes (frente a un 75% en el año 1975). Un estudio de la Fundación Santa María (que no es precisamente promotora del laicismo) indica que en nuestro país solo un 6% de los jóvenes considera la religión muy importante, y el 16% bastante importante. Más datos estadísticos aquí:
http://www.rtve.es/noticias/20110818/papa-visita-espana-donde-solo-10-jovenes-se-declara-catolico-practicante/455412.shtml

En efecto, la otrora omnipresente Iglesia católica va perdiendo adeptos a ritmo acelerado. Y España ha sido durante largo tiempo uno de sus mayores bastiones, quizás el último importante que le queda en el mundo occidental, dejando aparte Latinoamérica; de ahí la insistencia del papado en “una nueva evangelización”. Pero las circunstancias hoy son otras. España y el mundo han cambiado. Nuestro país ha salido de la represión política y mental de los años tenebrosos para incorporarse a la corriente de la autodeterminación, de los derechos políticos y sociales y de la libertad de conciencia. España en los últimos años ha decidido reconocer los derechos humanos, legales y sociales de la mujer, de los homosexuales, de todos los ciudadanos en un estado laico, de la libertad de conciencia, del divorcio, de los controles de natalidad, del derecho al aborto y a una muerte digna. A todo ello se ha opuesto la Iglesia con una beligerancia no vista en otros sitios, como si estuviera defendiendo –así lo cree, sin duda– su antiguo feudo. Ha usado el púlpito para hacer política, ha emitido manifiestos y condenas, ha hecho propaganda pública y privada, ha organizado marchas fuera de las iglesias y hasta ha llegado a amenazar de excomunión a los legisladores –sin conseguir sus objetivos. La mentalidad de la población española ha cambiado, por más que los grupos nacionalcatólicos que subsisten, añorantes del antiguo régimen, se empeñen en negarlo con todo el alboroto de que son capaces. En España, todavía hoy un 73% de la sociedad puede llamarse católica, por tradición, pero solo el 14% va a misa los domingos.

La crítica del Papa Ratzinger al laicismo de la población española es una muestra más de una actitud que solo puede interpretarse como una injerencia indebida en la política del país –recordemos que el Papa es jefe de Estado y, como tal, está obligado a respetar la libre determinación de cada nación. El Papa y sus prelados, en calidad de líderes religiosos, pueden dar órdenes y prohibiciones de lo que deben o no hacer, decir y pensar a sus feligreses, pero no tienen ningún derecho a intentar imponer su doctrina a nadie fuera de la Iglesia. Ha pasado la época en que la Iglesia, plena de un poder político que nunca fue legítimo, dictaba la conducta de todo el mundo, decidía sobre la vida y la muerte de creyentes y no creyentes (sobre todo, de estos últimos), y dictaminaba el contenido de las conciencias. Como han respondido el ministro de la Presidencia y el propio presidente, hoy España es un estado aconfesional, y las leyes las hace el Parlamento, no la Iglesia católica.

Más indignación

2011-08-19T20:14:00.005+02:00

No hay palabras ya para expresar lo que está pasando en el país. Con motivo de la visita del Papa, que ha despertado controversia y protestas en la moderna España múltiple y laica, surge el viejo y rancio nacionalcatolicismo que ya debía haber sido superado, ahora encarnado en estos animales de la porra para golpear a indefensos ciudadanos por reclamar sus derechos, o solo por circular libremente haciendo su trabajo.

Lo menos que esto amerita es protesta, denuncia, destituciones, exigencia de medidas correctoras y divulgación de la inaceptable intolerancia tras el prepotente abuso de poder.

Indignación

2011-05-29T23:10:00.004+02:00

Pocas palabras ante la brutalidad y la barbarie vividas el pasado viernes 27 de mayo durante 6 horas de carga policial contra manifestantes pacíficos en la Plaza Cataluña de Barcelona, que protestaban siguiendo el movimiento que se inció el 15 de este mes en la Plaza del Sol de Madrid contra la corrupción política, los abusos de la banca y los mercados, y lo escasa o nulamente representados que se sienten los ciudadanos por parte de los partidos políticos.

Nunca imaginé ver semejante muestra de salvajismo y abuso de poder en la España democrática y plural europea del siglo XXI. Una clara muestra de que los derechos ciudadanos son lo que menos les importa a los políticos de turno, y de que los individuos pertenecientes a los organismos represores carecen de toda ética y dejan de ser personas ante las nefastas "órdenes superiores", dignas de infames gobiernos totalitarios que parecían superados en la España postfranquista.

¿Conciencia ciudadana? La de los manifestantes y su movimiento, que ha crecido con inusitada rapidez desde su reciente inicio, y se ha visto reforzado aún más por la indigna y desmesurada respuesta del sistema. Siguen creciendo los grupos que piden "Democracia Real Ya" no solo en muchas ciudades de España, grandes y pequeñas, sino también en otros países de Europa donde esta iniciativa popular que reúne gente de todas las edades y procedencias ha tenido un creciente eco.

Tan solo dos horas después de la inusitada carga policial contra ciudadanos pacíficos en el libre ejercicio de sus derechos, en la que hubo más de 120 heridos, ya había más de 10.000 firmas pidiendo la dimisión del recién nombrado Consejero de Interior del Gobierno de Cataluña, denuncia a la que se han unido algunos organismos y partidos políticos. El Parlamento catalán ha pedido su comparecencia para explicar los hechos, y el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación para determinar si se han vulnerado los derechos de las personas, y de momento ha señalado que los policías no iban debidamente identificados. Apenas un par de horas después del brutal desalojo, muchos más ciudadanos, apoyados de cerca y de lejos por numerosas voces, empezaron a reunirse nuevamente en la Plaza Cataluña, y su número ha seguido creciendo. Las razones, las mismas: discutir y presentar propuestas para depurar el sistema político y económico de los vicios con los que atenazan a la democracia, la libertad y el bienestar ciudadano, ahora con más fuerza, en respuesta siempre pacífica a la violencia del sistema.

Pero cualquiera que sea la repercusión que pueda tener o no el movimiento, el hecho es que se han vulnerado derechos básicos de libertad de reunión y manifestación por parte de un poder político abusivo y bestial que desconoce en la práctica el estado de derecho y el respeto a los ciudadanos que dice representar.

Un tupido velo de vergüenza e indignidad cae sobre el cuerpo policial de los Mossos d'Esquadra y de los todos los responsables políticos (no solo el funesto Consejero de Interior) de Cataluña y de España. Espero que se llenen de vergüenza tanto a nivel nacional como internacional. Y, por supuesto, que haya acciones legales.

Sigue la vergüenza

2011-02-03T21:33:00.002+01:00

Algo se hace

Por denuncia de un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas españolas del régimen nazi, un juez de la Audiencia Nacional ha solicitado la extradición de cuatro criminales de guerra pertenecientes a las SS para ser juzgados en España. Estos sujetos deberán responder por sus crímenes contra la humanidad después de que el último de ellos fuera despojado de su nacionalidad norteamericana, en un proceso que ha durado varios años, por los tribunales de ese país, donde vivía desde 1952.

Los cuatro acusados de crímenes de guerra comparecerán ante las instituciones de justicia con 60 años de retraso. Pero todavía el Estado democrático español no ha denunciado la implicación de la dictadura franquista con el III Reich, ni se ha juzgado a ningún responsable del antiguo régimen fascista por los asesinatos en masa, los robos de niños y las atrocidades cometidas en su propio país.

La paradoja se repite: Los tribunales españoles siguen juzgando a perpetradores de genocidio y crímenes contra la humanidad pertenecientes a otros países –esta vez a instancias de una acusación particular, y dado que las víctimas fueron españolas– mientras los asesinados por el franquismo siguen abandonados en zanjas al borde del camino y en tumbas colectivas, y los hijos robados a las víctimas republicanas, que aún viven y fueron “reeducados” por familias adictas al régimen de terror, siguen en muchos casos sin saber quiénes son sus padres. La sombra del dictador todavía pesa sobre España.

http://www.publico.es/espana/356185/la-audiencia-nacional-pide-juzgar-a-un-oficial-de-las-ss
http://www.nodo50.org/csca/agenda09/misc/arti8.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/klm/

A pesar de todo…

Otra acusación particular, también en este caso de la familia de la víctima, ha logrado que siga adelante –hasta ahora– la investigación judicial sobre la muerte en 2003 del camarógrafo de la televisión española José Couso por los disparos de un tanque norteamericano contra el hotel donde se alojaba durante la guerra de Irak, a pesar de las dificultades y reveses procesales resultantes de las presiones encubiertas del gobierno norteamericano sobre el gobierno español, que lejos de haber despertado la indignación y la denuncia de las instituciones españolas parecen haber tenido efecto, según revelaron documentos dados a conocer recientemente por WikiLeaks.

A quienes ingenuamente creen en alegorías es preciso recordarles que la Justicia no es ciega, pero a menudo es sorda… y muchas veces manca, cuando no absolutamente inválida. No es infrecuente que el brazo largo de la ley alcance sólo hasta donde le permite el poder político y económico.

El juez que investiga la causa, y que acusa a los soldados norteamericanos autores de los disparos, de asesinato y delito contra la comunidad internacional, se ha trasladado a la capital de Irak para una inspección ocular del lugar del hecho. Veremos si en esta ocasión la Justicia española logra salir indemne de las manipulaciones de la nación más poderosa del mundo, que no reconoce tribunales internacionales, no colabora con la justicia si no beneficia a sus propios intereses, y mete el dedo impune y descaradamente en otros países para vergüenza de sus instituciones.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-pedraz-ya-bagdad-hacer-prueba-ocular-punto-disparo-tanque-20110127171646.html

Un recuento del caso se encuentra en Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Couso_Permuy

¿Hasta cuándo?

Hay varias denuncias abiertas por grupos y asociaciones civiles contra el robo y el tráfico de niños en España que se inició como una práctica legal en la dictadura, arropada bajo la figura de la adopción y la acogida, pero que tenía por objeto la reinserción en el régimen totalitario de los hijos de republicanos y su reeducación dentro de los “valores” del nacionalcatolicismo más retrógrado e intolerante que implantó el gobierno golpista al finalizar la guerra.

Hubo una cantidad indeterminada de niños cuyo número probablemente nunca se conozca, pero que algunas denuncias sitúan en la escandalosa cifra de 300,000, hijos de republicanos asesinados por el régimen franquista, a los que se suman los que después fueron arrebatados a sus madres, la mayoría recién viudas, muchas a su vez asesinadas por haber sido combatientes ellas mismas o esposas de combatientes, o provenientes de familias comunistas, anarquistas o republicanas, o simplemente simpatizantes de ideologías “dudosas”. Esos niños secuestrados les fueron dados a familias adictas a la dictadura con la complicidad de médicos, enfermeras, monjas y sacerdotes, fueron despojados de su identidad, se les cambiaron los apellidos y se les dio nueva documentación, dentro de un plan sistemático de eliminación de toda traza de oposición política o ideológica al régimen fascista.

Esa abominable práctica, sustentada en espurias ideologías discriminativas inspiradas en la pseudociencia nazi y que nutrieron al fascismo franquista, se prolongó durante toda la dictadura y acabó por convertirse en un lucrativo negocio, ya que las “adopciones” no eran gratis, creándose una auténtica mafia que ha proseguido sus actividades hasta el presente, ya meramente –se presume– por motivos económicos.

Es de esperar que las denuncias presentadas logren erradicar el execrable delito heredado de la práctica franquista, pero aunque en algunos casos se puedan restituir de algún modo las raíces de quienes perdieron no sólo a sus padres y sus familiares sino incluso su nombre y su origen, no es de esperar que se logre una condena del antiguo régimen y menos que se penalice a los culpables de esa época que todavía estén vivos, dado el innoble apego de los tribunales españoles –salvo honrosas excepciones, que han sido condenadas por jueces superiores– a la vieja ley de amnistía de 1977, contraria a todas las leyes y convenios internacionales firmados por España y proclamados fuera del país. Nunca será posible reparar el daño moral ni psicológico de las familias destrozadas, pero quizás algún día un Estado español valiente y renovado condene definitivamente el daño realizado por el antiguo régimen fascista y por unos sujetos de mente retorcida que se creyeron con derecho de manipular la vida y la dignidad de las personas mediante una de las formas más repugnantes y despreciables de crimen de lesa humanidad.

http://www.adn.es/politica/20110127/NWS-0464-Franquismo-Ninos-robados.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/01/110128_espana_ninos_robados_lr.shtml
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/ninos-robados-durante-franquismo-piden-justicia/csrcsrpor/20110127csrcsrsoc_2/Tes
http://www.rtve.es/noticias/20081119/robo-ninos-del-franquismo-fue-peor-que-argentina-segun-garzon/196073.shtml

Para conocer más a fondo:

http://www.foroporlamemoria.info/documentos/lafogata_ninosperdidosfranquismo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os_robados_por_el_franquismo
http://www.elpais.com/articulo/opinion/ninos/perdidos/franquismo/elpepiopi/20081224elpepiopi_10/Tes
http://www.elmundo.es/cronica/2002/357/1029750367.html
http://www.terra.es/personal/fcyborg/ideologia/franquismo/ninosperdidos.htm

Quizás la información más completa esté en el excelente blog del profesor Miguel Ángel Rodríguez Arias, “En el país de los niños perdidos”:

http://segurquetomba.wordpress.com/

Imágenes y testimonios

2010-12-28T21:12:00.003+01:00

Para no repetirme, incorporo los siguientes enlaces.

El primero, en referencia al último fragmento de las intervenciones de Julio Anguita en el programa de TVE1, 59 segundos, del día 20 de mayo de 2010, la sección "Sobre la denuncia contra Garzón" (a partir del minuto 6:55):

El segundo, un artículo publicado por El País el 1 de diciembre de 2010 sobre las revelaciones de WikiLeaks respecto a las presiones del gobierno norteamericano a la administración de justicia española:

http://www.elpais.com/articulo/espana/Zaragoza/tiene/estrategia/torcer/brazo/Garzon/caso/Guantanamo/elpepiesp/20101201elpepinac_2/Tes?print=1

El tercero, la opinión emitida por Iñaki Gabilondo en el noticiero del canal Cuatro sobre el recurso de la Fiscalía contra el auto del juez Baltasar Garzón:

Y un último enlace, con las declaraciones del exfiscal Carlos Jiménez Villarejo al presentar su reciente libro La solidaridad con el juez Garzón:

Dejo al lector el discernimiento del hilo secuencial entre estas declaraciones.

Más brevemente

2010-08-07T11:11:00.003+02:00

Léase aquí: http://segurquetomba.wordpress.com/2010/08/06/ley-26-548-banco-nacional-de-datos-geneticos/
Una vergüenza para España la actitud ejemplar de otras democracias como la chilena y ahora la argentina, con la creación de su Banco Nacional de Datos Genéticos, mientras que en nuestro triste país el único juez que se ha atrevido a hacer algún tipo de reparación de las monstruosidades de lesa humanidad del franquismo ha sido silenciado, maniatado y hasta suspendido en sus funciones y sometido a juicio bajo la falsa acusación de prevaricación, al tiempo que su investigación ha sido paralizada; todo ello nada menos que por el Tribunal Supremo y a instancias de grupos políticos herederos del régimen perpetrador de esos crímenes que se mantienen impunes. Grupos políticos que, por antidemocráticos, no deberían existir en una democracia y, de hecho, están proscritos en otras democracias europeas. Mientras tanto, los convenios y tratados internacionales firmados por España son para lucirlos más allá de sus fronteras. ¿Puede haber mayor hipocresía jurídica y procesal? Algo que sólo se puede calificar como una vergüenza histórica, social y política.

¿Dónde está la dignidad de España?

2010-05-15T08:24:00.007+02:00

¿Dónde está la dignidad de España?

Se ha cometido un crimen. Un gobierno ha encarcelado y asesinado sistemáticamente a sus opositores, secuestrado y "reeducado" a sus hijos en familias e instituciones adictas al régimen, para borrar de su memoria sus orígenes junto con cualquier rastro de pensamiento "subversivo". Ese gobierno totalitario surgió de una sublevación golpista contra el gobierno legítimo, iniciando una guerra fratricida que se cobró un millón de muertos, según cálculos, pero la cifra nunca se sabrá por las ejecuciones en masa y sin juicio, la destrucción y falsificación de documentos, la censura y el control absolutos, y porque los cadáveres de hombres, mujeres y niños, a veces de poblaciones enteras, yacen todavía en fosas comunes excavadas en los campos y al borde de los caminos. Ese gobierno mantuvo la represión, la persecución, los encarcelamientos, los juicos sumarísimos y las ejecuciones durante los cuarenta años que duró su régimen de terror.

Los crímenes de genocidio y de lesa humanidad no prescriben, y no hay ninguna ley de amnistía, anterior o no, que sea aplicable. Los acuerdos internacionales son de cumplimiento obligatorio por parte de los países firmantes.

España ha defendido estos principios internacionalmente, en su propia persecución de crímenes de genocidio y lesa humanidad en otros países.

Pero el Tribunal Supremo español detiene la investigación de esos crímenes en su propio país, aceptando la alegación de grupos políticos herederos del régimen dictatorial sobre la existencia de leyes de aministía que España ha declarado inaplicables en otros países, y contrarias a los tratados internacionales firmados por España.

España exhibe dos caras: una ante el mundo y otra ante la aspiración de justicia de sus propios ciudadanos.

Los principales perpetradores de esos crímenes ya han muerto. No así las víctimas, hijos sobrevivientes y nietos de los asesinados que yacen todavía en fosas comunes, tirados en zanjas, seguramente muchas aún no descubiertas. Muchos otros hijos y nietos de los asesinados no saben siquiera que lo son, porque fueron criados por familias adictas a la dictadura, educados en instituciones totalitarias, con documentos falsos. Quizás algunos de quienes presentaron esos alegatos sean hijos o nietos de asesinados, y ellos mismos, sin saberlo, víctimas.

Ya no se puede castigar a los culpables principales, pero sí recuperar esos restos humanos, restablecer la justicia histórica, devolver su dignidad a las víctimas.

La obligación de los jueces es hacer justicia. Los crímenes de la dictadura son notorios y harto conocidos. ¿Dónde están los jueces que deben aplicar la justicia ante su conocimiento de estos crímenes?

Alemania acaba de abrir un centro de exposición y documentación de uno de sus períodos históricos más siniestros en pleno núcleo urbano de su capital. El "Topographie des Terrors", justamente donde estaban situadas las instalaciones de las SS y la Gestapo. Un recordatorio de lo que no debe volver a pasar. Porque es historia, y porque la memoria histórica lo requiere, como un paso doloroso pero inevitable para recuperar la dignidad de un país. Un valiente gesto de reconocimiento para generaciones futuras, sin falsedades, sin defensas retorcidas, sin ocultamientos.

Pero en España, al parecer, el dictador dejó, según sus propias palabras, "todo atado, y bien atado". Y sus seguidores fascistas hablan descaradamente de "triunfo de la democracia y el estado de derecho" ante la suspensión de la investigación por parte del Tribunal Supremo sobre los crímenes fascistas. Vergüenza debería darles. La que sentimos hoy todos los ciudadanos honestos ante el mundo culto y civilizado.

«Yo acuso…»

2010-04-15T23:29:00.011+02:00

«Yo acuso…»
Necesitamos muchos Emile Zola

I never thought there’d be days like these…
Strange days indeed!
—John Lennon

España da una imagen lamentable ante el mundo culto, pensante y civilizado el día en que detiene una investigación de crímenes contra la humanidad cometidos en su propio país y sienta en el banquillo a uno de sus jueces más destacados en la lucha contra crímenes de guerra y terrorismo. Más aún cuando lo hace el Tribunal Supremo en respuesta a denuncias presentadas por grupos fascistas herederos de la ideología que perpetró los crímenes que el juez trató de investigar.

Es un oprobio que la Justicia española responda así ante los requerimientos de quienes deberían estar avergonzados de defender una ideología política estrechamente emparentada con los execrables nombres de Hitler y Mussolini, culpables de crímenes cometidos en una de las guerras más devastadoras y asesinas que ha conocido la humanidad. Los grupos de tendencia claramente antidemocrática son hoy ilegales en otros países recuperados de barbaries semejantes. ¿Cómo es posible que los nostálgicos de un dictador asesino como Franco, que inició una de las más cruentas guerras civiles de la historia reciente, tengan todavía tanta presencia en España?

Ante una notoria injusticia procesal y social Emile Zola levantó su voz acusadora contra quienes debían defender el Estado y la dignidad de Francia y, por el contrario, la estaban cubriendo de vergüenza. Hacen falta muchos Zola entre nosotros.

Los pros y contras de la Justicia

La justicia imparcial, impersonal y ciega es una alegoría sin referente real. Simplemente no existe. Es como los gases ideales, los choques perfectamente elásticos o el deslizamiento sin roce: aproximaciones a situaciones ideales que sirven como ejercicio a la formación del científico para que pueda después representar con éxito los problemas del mundo real. La justicia no existe en el mundo de la naturaleza. La hacemos los hombres. Por eso, como ciudadanos, debemos preocuparnos y estar pendientes de las "injusticias de la Justicia", que siempre han existido.

El hombre crea el concepto de justicia (que puede ser de varios tipos, desde igualitaria a distributiva) y crea asimismo la institución de la Justicia y el aparato sociopolítico del Derecho para aplicar el sistema normativo de las leyes que regulan la actividad social. Y crea procesos educativos y sistemas de formación y selección para asignar a algunos de sus integrantes la elevada tarea de administrar justicia en representación de la sociedad…, que a su vez puede ser varia y representar sólo a algunos o a todos sus individuos, desde elitesca a democrática (en los varios sentidos, a su vez, de los términos élite y democracia). En los sistemas democráticos actuales es fundamental que los jueces, al margen de sus derechos como individuos, muestren imparcialidad en su tarea de administrar justicia con respecto a ideologías partidistas y, en particular, su absoluta independencia de ideologías no democráticas.

El Derecho, como sistema de aplicación de las leyes, requiere de la interpretación de las normas que las definen. Dado que las leyes se elaboran según las necesidades de la convivencia social y política, y éstas son cambiantes en el tiempo y con la evolución de la sociedad, no constituyen un cuerpo ordenado y lógicamente consistente, dándose el caso de que muchas de ellas confluyen, se ignoran, se intersectan y hasta se oponen mutuamente en ocasiones, por lo que deben ser revisadas, actualizadas o derogadas según la situación y el desarrollo social. Entre tanto, la aplicación de las leyes requiere de interpretación, a fin de evitar contradicciones. De ahí que el Derecho sea siempre interpretativo, y una importante tarea de los jueces —y de los profesionales del derecho— consiste en interpretar correctamente lo que se ha dado en llamar “el espíritu de la ley” (esto es, su intención) para aplicarla con justicia.

Una tarea habitual de algunos profesionales del Derecho, conocidos por su habilidad para encontrar recovecos interpretativos en el complejo cuerpo de las leyes y utilizarlos al servicio del mejor postor (por lo que son ávidamente solicitados por determinados individuos y grupos de individuos) es llevar ante los organismos de Justicia dudosas “causas” que puedan representar un beneficio para sus clientes, o encontrar argumentos de defensa legal para lo éticamente indefendible. A estos abogados —llamémosles de algún modo—, cuando son buenos en su oficio, no suele faltarles trabajo y, por el contrario, gozan de buenos ingresos que les reporta su ocupación —que no digamos ya profesión. Tienen, técnicamente hablando, ilustres predecesores: los sofistas, quienes no eran los “falsos filósofos” que una parte de la tradición occidental ha denostado, sino auténticos pensadores humanistas, como señalaran en época más cercana a nosotros, entre muchos, Nietzsche y los filósofos analíticos; pero a estos modernos imitadores de sofistas les falta la honestidad y el sentido de responsabilidad social de aquellos.

Dada esa complejidad del sistema de leyes y el problema de su correcta interpretación, sujeta tanto a criterios lógicos como retóricos y a los usos técnicos y hasta habituales del lenguaje, siempre podrán hallarse argumentos para discutir y oponerse prácticamente a cualquier procedimiento legal. De ahí que los jueces deban actuar con extrema cautela en sus actuaciones, para evitar las “trampas legales”: medir cuidadosamente el sustento y el alcance de sus criterios y decisiones tanto como sus propias atribuciones, ya que no pocas veces sucede que una actuación que esté dentro del “espíritu de la ley” pueda entrar en conflicto con la letra de la misma —léase determinada lectura de la ley.

Tal es el caso de algunas nociones formuladas a manera de respuesta de la sociedad ante determinados actos, como el “delito de lesa humanidad”, concepto introducido en agosto de 1945 por los gobiernos de los Estados Unidos de América, el gobierno provisional de la Republica Francesa, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas para enjuiciar a los criminales de guerra de las potencias del Eje europeo.

(Nótese la influencia de la retórica ya en la presentación de los hechos: cámbiese la frase anterior en cursivas por ésta, y parecerá que se está señalando una parcialización en la intención del concepto: …por los gobiernos de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar a los responsables supervivientes de los países derrotados… Así seguramente lo habrían planteado los acusados —¿o debería decir los culpables?)

El delito de genocidio se incorporó posteriormente al Derecho internacional en 1951, y el concepto de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, en 1970. España reconoce en sus leyes el delito de genocidio desde 1971, y los delitos de lesa humanidad desde 2003.

Ahora bien, el artículo 1 del Código Legal español reza así: «No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración». Éste se considera un principio fundamental de todo sistema democrático, que suele enunciarse comúnmente como que “la ley no tiene efecto retroactivo”. Así es, razonablemente: nadie esperaría ser juzgado por cosas que hubiera hecho o dejado de hacer en el pasado, en un momento en que las mismas no constituían delito alguno.

Pero poca utilidad práctica tendría la formulación de conceptos legales si su aplicación hubiera de postergarse siempre y en todos los casos a las situaciones que ameritan su elaboración como respuesta ante determinados hechos. Si se toma al pie de la letra el antes citado “principio fundamental”, los países democráticos no habrían podido juzgar por delitos contra la humanidad a los criminales de guerra nazis, puesto que su delito era anterior a esa tipificación. Éste es un caso en que priva, razonablemente, el espíritu de la ley sobre la letra. Estaba claro que se habían cometido crímenes de guerra (dicho sea de paso, por ambos bandos). Pero por su gravedad sin precedentes en la historia moderna, se trataba en este caso de juzgar crímenes aún más horrendos de lo habitual…, para lo cual se requerían criterios más específicos, o modificar los existentes. No se elaboró el concepto de crimen contra la humanidad diciendo: “… no se aplicará a ustedes, por ser su delito anterior a esta formulación, sino a quienes a partir de ahora los cometan”. No. Se elaboró expresamente para juzgar la gravedad de un delito cometido que nunca antes había alcanzado tales cotas.

He aquí que los modernos fascistas españoles arguyen que el juez al que acusan de delitos procedimentales intentó considerar los crímenes del franquismo como genocidio y delito de lesa humanidad cuando esos crímenes eran anteriores a dichas leyes, y que contravino además la ley de amnistía de delitos políticos de 1977. Pero el concepto de delito político comprendido en esta ley no incluye —como es natural que no incluya— el asesinato ni las ejecuciones en masa. En cuanto a la aplicación “retroactiva” de determinados conceptos en determinados casos especialmente graves (no es lo mismo copiar una imagen de internet sin permiso que asesinar a un opositor político o a una población entera), creo que los juicios de Nuremberg (que sentaron jurisprudencia internacional) la explica suficientemente.

Otra cosa es que el dictador y sus secuaces ya no vivan para poder responder por sus crímenes, por lo que la causa abierta por el juez quizás no debió haber sido de carácter “general” o no debió haber contemplado “presuntos responsables” al tratarse de personas notoriamente fallecidas. Detalles de la letra de la ley a los que me refería antes.

Manos y conciencias sucias

¿Se puede ser absolutamente tolerante? En particular, ¿se puede ser tolerante con quien no lo es? ¿Se puede aceptar que un individuo o un grupo acate la ley sólo cuando convenga a sus intereses? Porque eso es lo que suelen hacer quienes se aprovechan de un régimen de libertades en el que opinan y actúan libremente (dentro de los límites legales, desde luego) con una libertad que ellos no conceden ni estarían dispuestos a conceder a los demás.

Las leyes democráticas dan espacio para que las minorías existan, sigan sus propias costumbres si lo desean, vivan en igualdad con el resto de la sociedad, se reúnan y organicen en sindicatos, grupos culturales, religiosos, sociales y de opinión, se expresen libremente, tanto en su comunidad como en la política y, desde hace un tiempo —dado que las sociedades y los Estados evolucionan y mejoran (o deberían mejorar) con el tiempo— tienen incluso representación proporcional en los organismos de gobierno. Derechos y beneficios que ninguno de esos individuos reconocería a quienes discrepan de su manera de pensar.

Ejemplos sobran. La ley franquista de “Responsabilidades Políticas” de 1939 violaba el principio fundamental de no retroactividad antes citado: «Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes de julio de 1936 contribuyeron a crear o agravar la subversión …» (artículo primero). A diferencia del procedimiento establecido en Nuremberg, dicha ley no aplicaba un criterio concebido para enjuiciar la gravedad de un delito ampliamente reconocido, sino que creaba un instrumento de persecución contra quienes no hubieran compartido en el pasado la ideología del régimen que acababa de instaurarse. Huelga decir que los criterios respecto a la supuesta “contribución” a la “subversión” eran, simplemente, los que al régimen le daba la gana.

Hoy, quienes se manifiestan en España contra la ley de Memoria Histórica bajo la que actuó el juez ahora acusado de delitos procesales son quienes se oponen, y han ejercido todos los recursos de que disponen en el Estado de Derecho del que ellos discrepan, desde manifestaciones de calle hasta oposición en el Congreso y recursos de apelación ante los tribunales, contra la práctica totalidad de cualquier ley que reconozca derechos de las minorías que no sean ellos, quienes quieren que el Estado siga manteniendo un descarado trato de favor hacia una institución religiosa aliada del franquismo en detrimento de todas las demás religiones que deben tener iguales derechos en un estado laico, quienes no se han pronunciado, ni lo harán, contra los notorios delitos de corrupción y abuso de menores de una parte destacada de la jerarquía de la Iglesia católica (su Iglesia), quienes utilizan la “libertad de conciencia” que les reconoce el Estado democrático para no cumplir las leyes que no quieren cumplir pero nunca reconocieron ni reconocen la libertad de conciencia ajena, quienes por oponerse se han opuesto incluso a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que proclama la libertad de conciencia individual y el respeto a la diversidad, cuando en la época franquista nunca se opusieron a la religión católico-franquista obligatoria ni a la obligatoria y doctrinaria “Formación de Espíritu Nacional”, quienes desde los gobiernos autónomos desobedecen y desafían las leyes del gobierno de la nación cuya centralidad dicen defender… ¿Hacen falta más muestras de hipocresía?

No, no se puede ser absolutamente tolerante. Porque no se puede ser tolerante con quien no manifiesta reciprocidad. Hay límites. Y ello por una razón puramente lógica. Si el tolerante da cabida al intolerante, éste a su vez, en razón de su intolerancia, suprimirá, a la primera oportunidad que tenga, lo que para él es la molesta tolerancia del primero. Con lo que la tolerancia absoluta conduce a un resultado contradictorio, que tiende a anularla. La intolerancia, en cambio, no tiene ese problema: apunta siempre a la asfixia del otro, del que no piensa igual.

¿Hacia una nueva era en el Derecho internacional?

El proceder común de las dictaduras es modificar el aparato legal para acomodarlo a la siempre estrecha visión política del régimen, ya sea de izquierda o de derecha, desde el stalinismo al franquismo; y en la época actual hasta convocan a “elecciones” y “plebiscitos” prefabricados, con prácticamente nulas posibilidades de elección por parte de la población. Así los dictadores y sus secuaces, en su país, campean por sus fueros dentro de la “legalidad”, que no de la ética. Y debido a un mal entendido respeto a la soberanía de las naciones, sus crímenes y desmanes se han mantenido impunes, y hasta se atrevían a pasearse por las capitales del mundo amparados en una también malentendida inmunidad diplomática… hasta hace muy poco —¡…y sin embargo!

Recientemente ha empezado a prevalecer un nuevo criterio en la escena internacional más acorde con la idea general de justicia que venía cristalizando desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que siempre ha compartido una buena parte del mundo civilizado: la de que ciertos crímenes, entre ellos el asesinato, no deben quedar impunes en razón del tiempo transcurrido ni de la soberanía del lugar donde se cometan, ni de la persona o la inmunidad diplomática de su perpetrador, incluido el asesinato político; más aún tratándose de genocidio o de delitos de lesa humanidad.

En octubre de 1998, en una de sus estadías en Londres, Pinochet es arrestado en esa capital por orden de un juez español que lo acusa de genocidio. Ante el hecho sin precedentes, muchos nos preguntamos entonces si un juez en España tenía esas atribuciones fuera de sus fronteras. El gobierno británico no lo dudó, puesto que procedió al arresto del dictador. Poco después otros jueces, de Francia y Suiza, también pidieron la extradición del asesino. Éste apeló a su inmunidad diplomática, que le fue negada por ser las acusaciones de crímenes contra la humanidad, sobre los que la fiscalía británica sostuvo, además, que la ley tenía efecto retroactivo (tómese nota, en relación con lo ya explicado). Aunque finalmente, entre intrigas políticas y diplomáticas el dictador fue devuelto a su país, donde muchos pensaban que tendría un juicio discutible, el antecedente fue importante. Se había inaugurado una nueva era de la justicia internacional. Y España era pionera en impulsarla y en intentar aplicarla.

Una idea hermosa, la de que determinados crímenes, cometidos desde la ilegitimidad del abuso de poder, no queden impunes porque cualquier juez penal, de cualquier país, pueda ordenar el encarcelamiento y juicio de los perpetradores. Un importante paso hacia una Justicia universal, hacia el fin, de una vez por todas, de los Pol Pot, los Fidel Castro, los George Bush y sus seguidores y secuaces (del signo o la ideología que sean). Pero no seamos ingenuos: todavía estamos lejos, y el camino es sinuoso y con inesperados retrocesos. Tras esa primera actuación a favor de una justicia internacional, España daba un paso atrás con una reforma de la ley procesal que limita la persecución de delitos fuera del país a los casos en que haya una clara conexión con éste o si sus autores se encuentran en territorio español. La Corte Internacional de Justicia no ha sido reconocida por todos los países, entre ellos los Estados Unidos, que con su prepotente e innoble actitud le hace un flaco servicio a la justicia pero, sobre todo, a su propia imagen de país democrático. Otro problema son las lagunas en la aplicación de la Justicia internacional, en particular el posible conflicto con los procedimientos de las leyes nacionales de los distintos países. Aunque a este respecto los Estados firmantes de los tratados internacionales (entre los que se encuentra España) se han comprometido a poner en vigor la norma internacional de manera prioritaria, haciendo los ajustes necesarios para actuar en consonancia con las normas nacionales. De otro modo, ¿qué sentido tendría firmar tratados internacionales si no van a ser respetados en caso de colisión con las leyes locales? Si se van a seguir los convenios sólo cuando no entren en conflicto con la legislación local, bastaría entonces con ésta y sobrarían aquellos.

El argumento ad hominem y la falacia de inconsecuencia

¿Cuáles son los delitos de los que los herederos ideológicos de los crímenes de guerra franquistas acusan al juez que los investiga? Básicamente, dos: el desconocimiento de la irretroactividad de la ley penal, y de la ley de amnistía de 1977. A ambas cosas hemos respondido ya; a lo que habría que añadir que España, junto con otras naciones y organismos, ha defendido repetidas veces, en sus actuaciones internacionales, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, así como la inaplicabilidad de cualquier ley de amnistía para tales crímenes. (De ambos criterios se valió el juez de la corte de apelaciones de Chile que procesó en dos ocasiones a Pinochet, quien, siguiendo el modelo de jurisprudencia establecido en Nuremberg, definió además la figura del secuestro permanente, invalidando la ley de amnistía introducida por el dictador en 1978, por la que esperaba eludir su juicio.)

Hay otras acusaciones: la supuesta (recuérdese el principio democrático de presunción de inocencia) ilegalidad de determinados procedimientos emprendidos por el juez, en particular su presunta incompetencia para realizar dicha investigación. Cabe decir que la investigación responde a un número de denuncias ciudadanas que fueron presentadas ante su juzgado, y es obligación de todo juez perseguir los delitos de los que tenga conocimiento, incluso cuando no mediara denuncia de por medio —es el fundamento denominado “noticia criminis” contemplado, entre otros países, en la legislación española.

También se ha dicho que el juez actuó por afán de notoriedad personal, y que tiene además otras causas interpuestas en su contra… Argumentos ad hominem, un caso particular de la falacia de inconsecuencia: alegaciones que aun en caso de ser ciertas carecen de relevancia para el asunto en cuestión, algo ampliamente conocido por los juristas —aunque no por ello menos usado por quienes buscan ocasionar un impacto psicológico.

¿Qué queda, entonces? Técnicamente, y según se aduce, no se recusa la investigación de los crímenes del franquismo emprendida por el juez, mero hecho “circunstancial” —sobre lo que volveremos en un momento—, sino su actuación procedimental, tipificable como delito.

¿Tan importantes son los procedimientos? Pues sí, porque entre actitudes, intenciones, razones, justificaciones u objetivos que pueden motivar la actuación de una persona, lo único objetivable son los hechos. Los hechos llevados a cabo, los procedimientos cuando se trata de las instituciones, son los que permiten juzgar la actuación justa o ilícita de una persona o una institución. Políticamente, son el único criterio palpable por el que se mide el ejercicio de la libertad, el derecho a la libre expresión o, por el contrario, la represión y el terror. Son los procedimientos oficiales, jurídicos y políticos los que diferencian la legalidad de la ilegalidad, el totalitarismo del estado liberal, la dictadura de la democracia. De ahí que los funcionarios públicos, en especial policiales y de justicia, deban ser muy cuidadosos en la manera en que actúan, porque ello legitimará o ilegitimará sus acciones en un Estado de Derecho.

En consecuencia, de probarse la ilegalidad de las acciones del juez, éstas, en nuestro Estado de Derecho, invalidarían sus actos ante la ley.

En tal caso (no olvidemos tampoco el principio de la presunción de buena fe en los sistemas de derecho democráticos), se ha dicho que el delito más grave que puede cometer un juez es el de prevaricación: faltar a sus obligaciones a sabiendas o por ignorancia inexcusable, lo que incluye, técnicamente, ir más allá de las competencias que le asigna la ley. Otra vez nos encontramos ante la sutil diferencia entre la letra y el espíritu: una cosa es —digamos— el abuso de poder que pueda ejercer un funcionario con perjuicio para otras personas, y otra muy distinta realizar diligencias no expresamente previstas o que no esté del todo claro si le corresponden o no, y cuya finalidad es hacer justicia. Además está la intención del acto: factores agravantes o atenuantes, conceptos todos familiares a los profesionales del derecho.

Sea como fuere, la presunta ilegitimidad de las actuaciones del juez, ¿invalida la legitimidad de la investigación? ¿Qué hay de los hechos, esos sí indisputados en cuanto a su pública notoriedad, que están en la base de todo esto: los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo?

Ante las afirmaciones de que las supuestas actuaciones ilícitas del juez nada tienen que ver con la naturaleza de la investigación que llevaba a cabo, no podemos ser tan ingenuos. Todo el mundo sabe que los argumentos de los demandantes son meras argucias legales para detener una investigación que les incomoda, por su propio compromiso ideológico con quienes violentaron el orden constitucional del país e implantaron después una dictadura sectaria, represiva y brutal.

Bajo la excusa de los supuestos procedimientos ilegales, lo que se está atacando es la investigación del juez, y así se entiende en el contexto general político y social (basta con echar una mirada a la prensa, nacional y extranjera). Lógicamente hablando, el cierre de la investigación a resultas de una supuesta ilegitimidad procedimental es una falacia de inconsecuencia: los crímenes contra la humanidad constituyen un serio delito que debe ser investigado y perseguido. Si ha habido procedimientos ilícitos, lo que corresponde es corregirlos. Sancionar, si fuera el caso, al juez, no a la causa.

La imagen actual

Es un hecho triste y lamentable que los jueces del Tribunal Supremo sienten en el banquillo a un juez que ordena investigar los crímenes del franquismo, basándose en las cuestiones procedimentales argüidas por los grupos fascistas defensores del régimen dictatorial —una denuncia que no habría progresado en otros países democráticos—, al tiempo que paralizan la investigación que el juez estaba realizando. Puede que haya que corregir los errores de la letra pero, ¿cuál es el error de fondo? ¿No es una obligación ética y de justicia investigar los crímenes de guerra que han permanecido impunes, de uno y otro bando? Pues empezar por paralizar la investigación a requerimiento de una parte comprometida no parece precisamente un buen procedimiento. La investigación debe continuarse, y las razones no faltan (así sea sólo bajo el precepto de noticia criminis). Una cosa es un supuesto delito procedimental que pudiera haber cometido el juez y otra bien distinta relegar a un oprobioso olvido los delitos de lesa humanidad. Aunque ya no vivan los criminales, es una cuestión de dignidad y de autoestima como país restablecer la justicia histórica y el desagravio a los descendientes de las víctimas (repito, de ambos bandos).

Si la investigación contra los crímenes del franquismo se suspende indefinidamente, la interpretación sociopolítica del mensaje habrá sido que, por ahora (hasta tanto se consolide la tendencia aparentemente progresista de la que el país había empezado a dar muestras, quizás en la próxima generación) los crímenes del franquismo son un tema intocable, con el consiguiente desprestigio y pérdida de la credibilidad internacional de España… y, lo que es peor, la continuación de la situación de injusticia para los descendientes de los miles de asesinados y desaparecidos. La imagen que se está dando en este momento a la comunidad nacional e internacional (como se observa en la prensa y, paradójicamente, en los crecientes apoyos en éste y otros países a la persona del juez acusado de delitos procedimentales) es de intolerancia, típica del régimen dictatorial que parecía depuesto para siempre en la España democrática. Los tribunales del país pionero en la persecución de crímenes contra la humanidad en casi una docena de países son silenciados cuando intentan aplicar la justicia en su propio país. No es cuestión de “pasar página” invocando la Transición, como hace la extrema derecha —otra vez— cuando le interesa, sino de responsabilidad ante la propia historia, ante los ciudadanos agraviados descendientes de las víctimas y ante los hechos.