miércoles, 31 de octubre de 2012

La justicia, los bancos y la ley de desahucios


Ayer Fernando González "Gonzo", periodista del programa de TV El Intermedio, entrevistó al actual ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón durante breves minutos después de un acto público. Así se desarrolló –literalmente—el primer punto de la entrevista (y único al que me voy a referir):

Gonzo: Señor ministro, ¿por qué no se reforma una ley de desahucio que data de 1909, que afecta a 500 familias al día y que incluso un informe judicial ha dicho que es "extremadamente agresiva"?

Ministro Gallardón: [Tras meditar unos instantes] Tenemos que conseguir que siga habiendo crédito. Esto es muy importante. No podemos hacer una ley que les haga decir a las entidades financieras "yo en estas circunstancias no suelto un duro". […] Aquí lo que hace falta es un ejercicio responsable por parte de las entidades bancarias. No es tanto un problema de modificar la ley como de que las entidades bancarias adecúen lo que es su legítimo derecho a recuperar sus créditos a la realidad social en la que tienen que operar.

Gonzo: Y la realidad de los bancos en los últimos años, ¿no ha demostrado que es mejor que el gobierno legisle porque ellos atienden más a sus propios intereses que a los de la sociedad? 

Ministro Gallardón: No podemos hacer una legislación cuya respuesta sea por parte de las entidades financieras: "en estas condiciones no presto dinero".

La entrevista está disponible aquí:  http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/gallardon-justicia-gratuita-esencial-este-pais_2012103000259.html

Es extremadamente grave que un ministro de justicia de un estado democrático declare de manera tan flagrante e inequívoca la dependencia del poder legislativo (que él representa dentro del gobierno) de los poderes económicos y financieros. Es como si nos dijera que ante el poder de quienes tienen el dinero… y tienen la absoluta potestad para emplearlo o no como les venga en gana, al margen de los intereses generales de la sociedad en la que se han enriquecido, y muchas veces a su costa…, el Estado no puede hacer otra cosa que abdicar: "no podemos hacer una ley...", "no podemos hacer una legislación..." Es decir, la justicia en nuestro país está por debajo y al servicio de la clase financiera y económica. Los que tienen el dinero son en última instancia quienes deciden cuáles serán las leyes. Y serán, por supuesto, las que les convengan a ellos. Por eso la ley de desahucios no se ha cambiado y ni tan siquiera se ha revisado desde hace más de un siglo, cuando el poder económico dictaminaba –por lo visto, al igual que hoy– cuáles eran las leyes.

El informe al que hace alusión el periodista ha sido desestimado por la instancia judicial superior, al servicio del interés de hacer prevalecer las leyes, hechas siguiendo los intereses de quienes tienen el poder económico al que está sujeto el poder judicial, como reconoce el ministro Gallardón. Éste apela al "ejercicio responsable" de los poderes económicos, no ya dentro de la ley, en la que claramente se encuentran, ya que en principio emana de ellos según él mismo reconoce, sino de su buena conciencia... Podrá suponer el ministro Gallardón –no sé si ingenuamente o en un ejercicio de "yo me lavo las manos"– que su conciencia moral llevaría a los poderes económicos a adecuar "su legítimo derecho a recuperar sus créditos" a la "realidad social en la que tienen que operar"..., mientras el ministro se cuida muy bien de cuestionar la legitimidad de los métodos de recuperación de esos créditos. Para él, claramente son legítimos puesto que la ley así lo establece. Por eso apela a la conciencia moral de los poderosos acreedores.

Pero como ya Kant había advertido en el siglo XVIII –antes de que el poder económico, ajeno a toda disquisición ética, impusiera en nuestro país su desigual y funesta ley de desahucios– el arbitrio humano no obedece espontáneamente la conciencia moral, por eso el Estado debe intervenir para hacer compatible el derecho del individuo –incluido el que tiene el poder económico– con el derecho ajeno. No hacerlo conduce a contradicciones que pueden llegar a ser fatales para el sistema. Así, la Constitución española establece en su artículo 47 el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, derecho que el Estado está en obligación de garantizar, y que en estos momentos es igual que si no existiera.

Gonzo, al parecer más preocupado por la ética y la justicia que el ministro de justicia, le pregunta a éste si no debería legislarse el comportamiento de los bancos, que han dado y dan todos los días abundantes muestras –al menos 500, para ser exactos– de que los intereses de los demás y de la sociedad les importan bien poco. Y el ministro de justicia, quien a todas luces desconoce a Kant, la ética y la más mínima noción de justicia, pero sí sabe muy bien quiénes dictaminan el alcance y el poder de sus funciones, repite su incapacidad de legislar la conducta del poder económico. En definitiva, el Estado de derecho es del derecho de los bancos y las entidades financieras. Son ellos quienes establecen las condiciones bajo las cuales prestan o no prestan "su" dinero –que es, hoy más que nunca, porque el rescate bancario está saliendo de nuestros bolsillos para ir al de los bancos y sus consejos de administración– el dinero de todos nosotros.

jueves, 11 de octubre de 2012

El ministro Wert quiere "españolizar" a los niños catalanes

... y a los vascos, y a los gallegos, y a los navarros, y a los asturianos, y a los extremeños...  

... en vez de aprovechar el legado cultural de "las Españas" para la construcción de un país rico en la diversidad y la riqueza lingüística e intelectual de sus habitantes  


Este ministro, que no distingue un libro de texto de un ensayo, que hace citas equivocadas (cuando las hace) sin ni siquiera saber pronunciar el nombre de los autores a quienes las atribuye, que cada vez que abre la boca mete la pata, habría sido cesado desde el primer día por un gobernante que se preciara a sí mismo. En cambio, resulta útil al gobierno que el pueblo ha votado, y cuyo auténtico rostro se va desvelando triste y dolorosamente para ese mismo pueblo, porque refleja quizás mejor que ningún otro la actitud represiva y la omnímoda ambición totalitaria de la derecha y del partido de gobierno. Además, lo hace sin tapujos, sin disimular el bajo nivel intelectual y cultural de quienes representa: el nacionalcatolicismo más retrógrado y descarado de este país. Por eso, calificar de torpes sus palabras sería engañarse: no son torpes sino sinceras, con la brutal sinceridad de quienes no sienten necesidad de disimular su auténtica condición política.