jueves, 15 de abril de 2010

«Yo acuso…»

«Yo acuso…»
Necesitamos muchos Emile Zola

I never thought there’d be days like these…
Strange days indeed!

—John Lennon

España da una imagen lamentable ante el mundo culto, pensante y civilizado el día en que detiene una investigación de crímenes contra la humanidad cometidos en su propio país y sienta en el banquillo a uno de sus jueces más destacados en la lucha contra crímenes de guerra y terrorismo. Más aún cuando lo hace el Tribunal Supremo en respuesta a denuncias presentadas por grupos fascistas herederos de la ideología que perpetró los crímenes que el juez trató de investigar.

Es un oprobio que la Justicia española responda así ante los requerimientos de quienes deberían estar avergonzados de defender una ideología política estrechamente emparentada con los execrables nombres de Hitler y Mussolini, culpables de crímenes cometidos en una de las guerras más devastadoras y asesinas que ha conocido la humanidad. Los grupos de tendencia claramente antidemocrática son hoy ilegales en otros países recuperados de barbaries semejantes. ¿Cómo es posible que los nostálgicos de un dictador asesino como Franco, que inició una de las más cruentas guerras civiles de la historia reciente, tengan todavía tanta presencia en España?

Ante una notoria injusticia procesal y social Emile Zola levantó su voz acusadora contra quienes debían defender el Estado y la dignidad de Francia y, por el contrario, la estaban cubriendo de vergüenza. Hacen falta muchos Zola entre nosotros.


Los pros y contras de la Justicia
   
La justicia imparcial, impersonal y ciega es una alegoría sin referente real. Simplemente no existe. Es como los gases ideales, los choques perfectamente elásticos o el deslizamiento sin roce: aproximaciones a situaciones ideales que sirven como ejercicio a la  formación del científico para que pueda después representar con éxito los problemas del mundo real. La justicia no existe en el mundo de la naturaleza. La hacemos los hombres. Por eso, como ciudadanos, debemos preocuparnos y estar pendientes de las "injusticias de la Justicia", que siempre han existido.

El hombre crea el concepto de justicia (que puede ser de varios tipos, desde igualitaria a distributiva) y crea asimismo la institución de la Justicia y el aparato sociopolítico del Derecho para aplicar el sistema normativo de las leyes que regulan la actividad social. Y crea procesos educativos y sistemas de formación y selección para asignar a algunos de sus integrantes la elevada tarea de administrar justicia en representación de la sociedad…, que a su vez puede ser varia y representar sólo a algunos o a todos sus individuos, desde elitesca a democrática (en los varios sentidos, a su vez, de los términos élite y democracia). En los sistemas democráticos actuales es fundamental que los jueces, al margen de sus derechos como individuos, muestren imparcialidad en su tarea de administrar justicia con respecto a ideologías partidistas y, en particular, su absoluta independencia de ideologías no democráticas. 

El Derecho, como sistema de aplicación de las leyes, requiere de la interpretación de las normas que las definen. Dado que las leyes se elaboran según las necesidades de la convivencia social y política, y éstas son cambiantes en el tiempo y con la evolución de la sociedad, no constituyen un cuerpo ordenado y lógicamente consistente, dándose el caso de que muchas de ellas confluyen, se ignoran, se intersectan y hasta se oponen mutuamente en ocasiones, por lo que deben ser revisadas, actualizadas o derogadas según la situación y el desarrollo social. Entre tanto, la aplicación de las leyes requiere de interpretación, a fin de evitar contradicciones. De ahí que el Derecho sea siempre interpretativo, y una importante tarea de los jueces —y de los  profesionales del derecho— consiste en interpretar correctamente lo que se ha dado en llamar “el espíritu de la ley” (esto es, su intención) para aplicarla con justicia.

Una tarea habitual de algunos profesionales del Derecho, conocidos por su habilidad para encontrar recovecos interpretativos en el complejo cuerpo de las leyes y utilizarlos al servicio del mejor postor (por lo que son ávidamente solicitados por determinados individuos y grupos de individuos) es llevar ante los organismos de Justicia dudosas “causas” que puedan representar un beneficio para sus clientes, o encontrar argumentos de defensa legal para lo éticamente indefendible. A estos abogados —llamémosles de algún modo—, cuando son buenos en su oficio, no suele faltarles trabajo y, por el contrario, gozan de buenos ingresos que les reporta su ocupación —que no digamos ya profesión. Tienen, técnicamente hablando, ilustres predecesores: los sofistas, quienes no eran los “falsos filósofos” que una parte de la tradición occidental ha denostado, sino auténticos pensadores humanistas, como señalaran en época más cercana a nosotros, entre muchos, Nietzsche y los filósofos analíticos; pero a estos modernos imitadores de sofistas les falta la honestidad y el sentido de responsabilidad social de aquellos.

Dada esa complejidad del sistema de leyes y el problema de su correcta interpretación, sujeta tanto a criterios lógicos como retóricos y a los usos técnicos y hasta habituales del lenguaje, siempre podrán hallarse argumentos para discutir y oponerse prácticamente a cualquier procedimiento legal. De ahí que los jueces deban actuar con extrema cautela en sus actuaciones, para evitar las “trampas legales”: medir cuidadosamente el sustento y el alcance de sus criterios y decisiones tanto como sus propias atribuciones, ya que no pocas veces sucede que una actuación que esté dentro del “espíritu de la ley” pueda entrar en conflicto con la letra de la misma —léase determinada lectura de la ley.

Tal es el caso de algunas nociones formuladas a manera de respuesta de la sociedad ante determinados actos, como el “delito de lesa humanidad”, concepto introducido en agosto de 1945 por los gobiernos de los Estados Unidos de América, el gobierno provisional de la Republica Francesa, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas para enjuiciar a los criminales de guerra de las potencias del Eje europeo.

(Nótese la influencia de la retórica ya en la presentación de los hechos: cámbiese la frase anterior en cursivas por ésta, y parecerá que se está señalando una parcialización en la intención del concepto: …por los gobiernos de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar a los responsables supervivientes de los países derrotados… Así seguramente lo habrían planteado los acusados —¿o debería decir los culpables?)

El delito de genocidio se incorporó posteriormente al Derecho internacional en 1951, y el concepto de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, en 1970. España reconoce en sus leyes el delito de genocidio desde 1971, y los delitos de lesa humanidad desde 2003.

Ahora bien, el artículo 1 del Código Legal español reza así: «No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración». Éste se considera un principio fundamental de todo sistema democrático, que suele enunciarse comúnmente como que “la ley no tiene efecto retroactivo”. Así es, razonablemente: nadie esperaría ser juzgado por cosas que hubiera hecho o dejado de hacer en el pasado, en un momento en que las mismas no constituían delito alguno.

Pero poca utilidad práctica tendría la formulación de conceptos legales si su aplicación hubiera de postergarse siempre y en todos los casos a las situaciones que ameritan su elaboración como respuesta ante determinados hechos. Si se toma al pie de la letra el antes citado “principio fundamental”, los países democráticos no habrían podido juzgar por delitos contra la humanidad a los criminales de guerra nazis, puesto que su delito era anterior a esa tipificación. Éste es un caso en que priva, razonablemente, el espíritu de la ley sobre la letra. Estaba claro que se habían cometido crímenes de guerra (dicho sea de paso, por ambos bandos). Pero por su gravedad sin precedentes en la historia moderna, se trataba en este caso de juzgar crímenes aún más horrendos de lo habitual…, para lo cual se requerían criterios más específicos, o modificar los existentes. No se elaboró el concepto de crimen contra la humanidad diciendo: “… no se aplicará a ustedes, por ser su delito anterior a esta formulación, sino a quienes a partir de ahora los cometan”. No. Se elaboró expresamente para juzgar la gravedad de un delito cometido que nunca antes había alcanzado tales cotas.

      He aquí que los modernos fascistas españoles arguyen que el juez al que acusan de delitos procedimentales intentó considerar los crímenes del franquismo como genocidio y delito de lesa humanidad cuando esos crímenes eran anteriores a dichas leyes, y que contravino además la ley de amnistía de delitos políticos de 1977. Pero el concepto de delito político comprendido en esta ley no incluye —como es natural que no incluya— el asesinato ni las ejecuciones en masa. En cuanto a la aplicación “retroactiva” de determinados conceptos en determinados casos especialmente graves (no es lo mismo copiar una imagen de internet sin permiso que asesinar a un opositor político o a una población entera), creo que los juicios de Nuremberg (que sentaron jurisprudencia internacional) la explica suficientemente.

Otra cosa es que el dictador y sus secuaces ya no vivan para poder responder por sus crímenes, por lo que la causa abierta por el juez quizás no debió haber sido de carácter “general” o no debió haber contemplado “presuntos responsables” al tratarse de personas notoriamente fallecidas. Detalles de la letra de la ley a los que me refería antes.


Manos y conciencias sucias
      
¿Se puede ser absolutamente tolerante? En particular, ¿se puede ser tolerante con quien no lo es? ¿Se puede aceptar que un individuo o un grupo acate la ley sólo cuando convenga a sus intereses? Porque eso es lo que suelen hacer quienes se aprovechan de un régimen de libertades en el que opinan y actúan libremente (dentro de los límites legales, desde luego) con una libertad que ellos no conceden ni estarían dispuestos a conceder a los demás.

Las leyes democráticas dan espacio para que las minorías existan, sigan sus propias costumbres si lo desean, vivan en igualdad con el resto de la sociedad, se reúnan y organicen en sindicatos, grupos culturales, religiosos, sociales y de opinión, se expresen libremente, tanto en su comunidad como en la política y, desde hace un tiempo —dado que las sociedades y los Estados evolucionan y mejoran (o deberían mejorar) con el tiempo— tienen incluso representación proporcional en los organismos de gobierno. Derechos y beneficios que ninguno de esos individuos reconocería a quienes discrepan de su manera de pensar.

Ejemplos sobran. La ley franquista de “Responsabilidades Políticas” de 1939 violaba el principio fundamental de no retroactividad antes citado: «Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes de julio de 1936 contribuyeron a crear o agravar la subversión …» (artículo primero). A diferencia del procedimiento establecido en Nuremberg, dicha ley no aplicaba un criterio concebido para enjuiciar la gravedad de un delito ampliamente reconocido, sino que creaba un instrumento de persecución contra quienes no hubieran compartido en el pasado la ideología del régimen que acababa de instaurarse. Huelga decir que los criterios respecto a la supuesta “contribución” a la “subversión” eran, simplemente, los que al régimen le daba la gana. 

Hoy, quienes se manifiestan en España contra la ley de Memoria Histórica bajo la que actuó el juez ahora acusado de delitos procesales son quienes se oponen, y han ejercido todos los recursos de que disponen en el Estado de Derecho del que ellos discrepan, desde manifestaciones de calle hasta oposición en el Congreso y recursos de apelación ante los tribunales, contra la práctica totalidad de cualquier ley que reconozca derechos de las minorías que no sean ellos, quienes quieren que el Estado siga manteniendo un descarado trato de favor hacia una institución religiosa aliada del franquismo en detrimento de todas las demás religiones que deben tener iguales derechos en un estado laico, quienes no se han pronunciado, ni lo harán, contra los notorios delitos de corrupción y abuso de menores de una parte destacada de la jerarquía de la Iglesia católica (su Iglesia), quienes utilizan la “libertad de conciencia” que les reconoce el Estado democrático para no cumplir las leyes que no quieren cumplir pero nunca reconocieron ni reconocen la libertad de conciencia ajena, quienes por oponerse se han opuesto incluso a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que proclama la libertad de conciencia individual y el respeto a la diversidad, cuando en la época franquista nunca se opusieron a la religión católico-franquista obligatoria ni a la obligatoria y doctrinaria “Formación de Espíritu Nacional”, quienes desde los gobiernos autónomos desobedecen y desafían las leyes del gobierno de la nación cuya centralidad dicen defender… ¿Hacen falta más muestras de hipocresía?

No, no se puede ser absolutamente tolerante. Porque no se puede ser tolerante con quien no manifiesta reciprocidad. Hay límites. Y ello por una razón puramente lógica. Si el tolerante da cabida al intolerante, éste a su vez, en razón de su intolerancia, suprimirá, a la primera oportunidad que tenga, lo que para él es la molesta tolerancia del primero. Con lo que la tolerancia absoluta conduce a un resultado contradictorio, que tiende a anularla. La intolerancia, en cambio, no tiene ese problema: apunta siempre a la asfixia del otro, del que no piensa igual.  


¿Hacia una nueva era en el Derecho internacional?

El proceder común de las dictaduras es modificar el aparato legal para acomodarlo a la siempre estrecha visión política del régimen, ya sea de izquierda o de derecha, desde el stalinismo al franquismo; y en la época actual hasta convocan a “elecciones” y “plebiscitos” prefabricados, con prácticamente nulas posibilidades de elección por parte de la población. Así los dictadores y sus secuaces, en su país, campean por sus fueros dentro de la “legalidad”, que no de la ética. Y debido a un mal entendido respeto a la soberanía de las naciones, sus crímenes y desmanes se han mantenido impunes, y hasta se atrevían a pasearse por las capitales del mundo amparados en una también malentendida inmunidad diplomática… hasta hace muy poco —¡…y sin embargo!

Recientemente ha empezado a prevalecer un nuevo criterio en la escena internacional más acorde con la idea general de justicia que venía cristalizando desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que siempre ha compartido una buena parte del mundo civilizado: la de que ciertos crímenes, entre ellos el asesinato, no deben quedar impunes en razón del tiempo transcurrido ni de la soberanía del lugar donde se cometan, ni de la persona o la inmunidad diplomática de su perpetrador, incluido el asesinato político; más aún tratándose de genocidio o de delitos de lesa humanidad.

En octubre de 1998, en una de sus estadías en Londres, Pinochet es arrestado en esa capital por orden de un juez español que lo acusa de genocidio. Ante el hecho sin precedentes, muchos nos preguntamos entonces si un juez en España tenía esas atribuciones fuera de sus fronteras. El gobierno británico no lo dudó, puesto que procedió al arresto del dictador. Poco después otros jueces, de Francia y Suiza, también pidieron la extradición del asesino. Éste apeló a su inmunidad diplomática, que le fue negada por ser las acusaciones de crímenes contra la humanidad, sobre los que la fiscalía británica sostuvo, además, que la ley tenía efecto retroactivo (tómese nota, en relación con lo ya explicado). Aunque finalmente, entre intrigas políticas y diplomáticas el dictador fue devuelto a su país, donde muchos pensaban que tendría un juicio discutible, el antecedente fue importante. Se había inaugurado una nueva era de la justicia internacional. Y España era pionera en impulsarla y en intentar aplicarla.

Una idea hermosa, la de que determinados crímenes, cometidos desde la ilegitimidad del abuso de poder, no queden impunes porque cualquier juez penal, de cualquier país, pueda ordenar el encarcelamiento y juicio de los perpetradores. Un importante paso hacia una Justicia universal, hacia el fin, de una vez por todas, de los Pol Pot, los Fidel Castro, los George Bush y sus seguidores y secuaces (del signo o la ideología que sean). Pero no seamos ingenuos: todavía estamos lejos, y el camino es sinuoso y con inesperados retrocesos. Tras esa primera actuación a favor de una justicia internacional, España daba un paso atrás con una reforma de la ley procesal que limita la persecución de delitos fuera del país a los casos en que haya una clara conexión con éste o si sus autores se encuentran en territorio español. La Corte Internacional de Justicia no ha sido reconocida por todos los países, entre ellos los Estados Unidos, que con su prepotente e innoble actitud le hace un flaco servicio a la justicia pero, sobre todo, a su propia imagen de país democrático. Otro problema son las lagunas en la aplicación de la Justicia internacional, en particular el posible conflicto con los procedimientos de las leyes nacionales de los distintos países. Aunque a este respecto los Estados firmantes de los tratados internacionales (entre los que se encuentra España) se han comprometido a poner en vigor la norma internacional de manera prioritaria, haciendo los ajustes necesarios para actuar en consonancia con las normas nacionales. De otro modo, ¿qué sentido tendría firmar tratados internacionales si no van a ser respetados en caso de colisión con las leyes locales? Si se van a seguir los convenios sólo cuando no entren en conflicto con la legislación local, bastaría entonces con ésta y sobrarían aquellos. 


El argumento ad hominem y la falacia de inconsecuencia

¿Cuáles son los delitos de los que los herederos ideológicos de los crímenes de guerra franquistas acusan al juez que los investiga? Básicamente, dos: el desconocimiento de la irretroactividad de la ley penal, y de la ley de amnistía de 1977. A ambas cosas hemos respondido ya; a lo que habría que añadir que España, junto con otras naciones y organismos, ha defendido repetidas veces, en sus actuaciones internacionales, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, así como la inaplicabilidad de cualquier ley de amnistía para tales crímenes. (De ambos criterios se valió el juez de la corte de apelaciones de Chile que procesó en dos ocasiones a Pinochet, quien, siguiendo el modelo de jurisprudencia establecido en Nuremberg, definió además la figura del secuestro permanente, invalidando la ley de amnistía introducida por el dictador en 1978, por la que esperaba eludir su juicio.)   

Hay otras acusaciones: la supuesta (recuérdese el principio democrático de presunción de inocencia) ilegalidad de determinados procedimientos emprendidos por el juez, en particular su presunta incompetencia para realizar dicha investigación. Cabe decir que la investigación responde a un número de denuncias ciudadanas que fueron presentadas ante su juzgado, y es obligación de todo juez perseguir los delitos de los que tenga conocimiento, incluso cuando no mediara denuncia de por medio —es el fundamento denominado “noticia criminis” contemplado, entre otros países, en la legislación española.

También se ha dicho que el juez actuó por afán de notoriedad personal, y que tiene además otras causas interpuestas en su contra… Argumentos ad hominem, un caso particular de la falacia de inconsecuencia: alegaciones que aun en caso de ser ciertas carecen de relevancia para el asunto en cuestión, algo ampliamente conocido por los juristas —aunque no por ello menos usado por quienes buscan ocasionar un impacto psicológico.   

¿Qué queda, entonces? Técnicamente, y según se aduce, no se recusa la investigación de los crímenes del franquismo emprendida por el juez, mero hecho “circunstancial” —sobre lo que volveremos en un momento—, sino su actuación procedimental, tipificable como delito.

¿Tan importantes son los procedimientos? Pues sí, porque entre actitudes, intenciones, razones, justificaciones u objetivos que pueden motivar la actuación de una persona, lo único objetivable son los hechos. Los hechos llevados a cabo, los procedimientos cuando se trata de las instituciones, son los que permiten juzgar la actuación justa o ilícita de una persona o una institución. Políticamente, son el único criterio palpable por el que se mide el ejercicio de la libertad, el derecho a la libre expresión o, por el contrario, la represión y el terror. Son los procedimientos oficiales, jurídicos y políticos los que diferencian la legalidad de la ilegalidad, el totalitarismo del estado liberal, la dictadura de la democracia. De ahí que los funcionarios públicos, en especial policiales y de justicia, deban ser muy cuidadosos en la manera en que actúan, porque ello legitimará o ilegitimará sus acciones en un Estado de Derecho.  

En consecuencia, de probarse la ilegalidad de las acciones del juez, éstas, en nuestro Estado de Derecho, invalidarían sus actos ante la ley.

En tal caso (no olvidemos tampoco el principio de la presunción de buena fe en los sistemas de derecho democráticos), se ha dicho que el delito más grave que puede cometer un juez es el de prevaricación: faltar a sus obligaciones a sabiendas o por ignorancia inexcusable, lo que incluye, técnicamente, ir más allá de las competencias que le asigna la ley. Otra vez nos encontramos ante la sutil diferencia entre la letra y el espíritu: una cosa es —digamos— el  abuso de poder que pueda ejercer un funcionario con perjuicio para otras personas, y otra muy distinta realizar diligencias no expresamente previstas o que no esté del todo claro si le corresponden o no, y cuya finalidad es hacer justicia. Además está la intención del acto: factores agravantes o atenuantes, conceptos todos familiares a los profesionales del derecho.

Sea como fuere, la presunta ilegitimidad de las actuaciones del juez, ¿invalida la legitimidad de la investigación? ¿Qué hay de los hechos, esos sí indisputados en cuanto a su pública notoriedad, que están en la base de todo esto: los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo?

Ante las afirmaciones de que las supuestas actuaciones ilícitas del juez nada tienen que ver con la naturaleza de la investigación que llevaba a cabo, no podemos ser tan ingenuos. Todo el mundo sabe que los argumentos de los demandantes son meras argucias legales para detener una investigación que les incomoda, por su propio compromiso ideológico con quienes violentaron el orden constitucional del país e implantaron después una dictadura sectaria, represiva y brutal.

Bajo la excusa de los supuestos procedimientos ilegales, lo que se está atacando es la investigación del juez, y así se entiende en el contexto general político y social (basta con echar una mirada a la prensa, nacional y extranjera). Lógicamente hablando, el cierre de la investigación a resultas de una supuesta ilegitimidad procedimental es una falacia de inconsecuencia: los crímenes contra la humanidad constituyen un serio delito que debe ser investigado y perseguido. Si ha habido procedimientos ilícitos, lo que corresponde es corregirlos. Sancionar, si fuera el caso, al juez, no a la causa.


La imagen actual

Es un hecho triste y lamentable que los jueces del Tribunal Supremo sienten en el banquillo a un juez que ordena investigar los crímenes del franquismo, basándose en las cuestiones procedimentales argüidas por los grupos fascistas defensores del régimen dictatorial —una denuncia que no habría progresado en otros países democráticos—, al tiempo que paralizan la investigación que el juez estaba realizando. Puede que haya que corregir los errores de la letra pero, ¿cuál es el error de fondo? ¿No es una obligación ética y de justicia investigar los crímenes de guerra que han permanecido impunes, de uno y otro bando? Pues empezar por paralizar la investigación a requerimiento de una parte comprometida no parece precisamente un buen procedimiento. La investigación debe continuarse, y las razones no faltan (así sea sólo bajo el precepto de noticia criminis). Una cosa es un supuesto delito procedimental que pudiera haber cometido el juez y otra bien distinta relegar a un oprobioso olvido los delitos de lesa humanidad. Aunque ya no vivan los criminales, es una cuestión de dignidad y de autoestima como país restablecer la justicia histórica y el desagravio a los descendientes de las víctimas (repito, de ambos bandos).

Si la investigación contra los crímenes del franquismo se suspende indefinidamente, la interpretación sociopolítica del mensaje habrá sido que, por ahora (hasta tanto se consolide la tendencia aparentemente progresista de la que el país había empezado a dar muestras, quizás en la próxima generación) los crímenes del franquismo son un tema intocable, con el consiguiente desprestigio y pérdida de la credibilidad internacional de España… y, lo que es peor, la continuación de la situación de injusticia para los descendientes de los miles de asesinados y desaparecidos. La imagen que se está dando en este momento a la comunidad nacional e internacional (como se observa en la prensa y, paradójicamente, en los crecientes apoyos en éste y otros países a la persona del juez acusado de delitos procedimentales) es de intolerancia, típica del régimen dictatorial que parecía depuesto para siempre en la España democrática. Los tribunales del país pionero en la persecución de crímenes contra la humanidad en casi una docena de países son silenciados cuando intentan aplicar la justicia en su propio país. No es cuestión de “pasar página” invocando la Transición, como hace la extrema derecha —otra vez— cuando le interesa, sino de responsabilidad ante la propia historia, ante los ciudadanos agraviados descendientes de las víctimas y ante los hechos.

4 comentarios:

  1. Así es, profesor. Este cambalache...

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  2. mucho hay por discutir, y es buena se;al que haya quien se tome la molestia. Eso creo.

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  3. todo es del color del cristal con que se mire?
    evolucionamos para bien
    alguna de las hipótesis de las que partes estan de principio viciadas
    por otro lado, si dejamos que el juez interprete la ley según su voluntad tendremos un cisma entre el ejecutivo y el legislativo
    además de pòder volverse la oración por pasiva
    Por otro lado, una nueva querella ha sido admitida a tyrámite por el supremo contra este mismo juez
    Se trata de persecución según defendeis las personas de ideario de izquierdas?
    o que este juez, por tercera vez prevarica?
    Aplicar un orden de escucha entre abogado y defendido en salones de la cárcel crea indefensión jurídica. esta práctica SOLO es permitida para asuntos de TERRORISMO
    No quiero pensar que vivimos en un ESTADO POLICIAL, donde los ciudadanos NO TENEMOS DERECHOS, por que la justicia esté al servicio del gobierno
    Eso, supongo pasó con Franco y se le recrimina con razón
    Afortunadamente aún tenemos un poder judicial
    independiente
    Otro sí: este juez no investigaba ninguna causa abierta por genocidio, por que dicha causa NO EXISTE
    Un abrazo, y gracias por tus palabras en mi blog

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  4. Perdona, Javier, pero no termino de entender lo que quieres decir. Quizás sea por tu falta de puntuación, que está bien para la poesía, pero no para un análisis crítico. Para empezar, deberías decir cuáles son esas hipótesis que te parecen viciadas de principio, porque si no, es como si no dijeras nada. Dices que "si dejamos que el juez interprete la ley según su voluntad tendremos un cisma entre el ejecutivo y el legislativo". Esto no es cierto. Hay sistemas jurídicos en los que el criterio (no la voluntad) del juez crea jurispridencia, y no se produce ningún "cisma" como resultado de ello; al contrario: una aplicación de la justicia menos rígida y constreñida a la "letra muerta" de la ley. En cuanto a las actuaciones del juez fuera de este caso, no es el tema de mi escrito (puedes ver que ni siquiera lo menciono por su nombre), sino el uso que se está haciendo de la justicia en este caso. Tampoco planteo una discusión de "izquierdas o derechas", sino un problema de principios de justicia internacional. Y tu última afirmación de que "esa causa no existe" parece demostrar que, en realidad, no has leído nada de lo anterior.

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